A partir de este 1 de octubre, se aplicarán modificaciones a la reducción del IVA que se extendió en junio para varios grupos de alimentos esenciales, lo que resultará en un incremento en la fiscalidad que afectará a productos como el aceite de oliva.
A partir de los primeros días de octubre, el IVA para la leche, el pan, la harina, las frutas, las verduras, los vegetales, las legumbres, los cereales, los tubérculos, los quesos y los huevos experimentará un aumento temporal del 0% al 2% hasta el final del 2025.
Desde el 1° de enero de 2025, retornarán a una tasa de IVA del 4%, una cifra que precede a la implementación de medidas excepcionales. Se citan como ejemplos el pan común, las harinas para panificación y la leche desnatada, entre otros. Para las pastas alimenticias y los aceites de semillas, que habían visto reducido su IVA del 10% al 5%, ahora experimentarán un alza al 7.5% hasta fin de año. Para comienzos de 2025, retornarán a la tasa del 10%. En cuanto al aceite de oliva, que tenía un IVA del 0% desde el 1° de julio, experimentará un aumento al 2% hasta el final del 2025. A partir del 1° de enero de 2025, se quedará permanentemente en un 4%, al ser designado como producto de primera necesidad con una tasa súper reducida. El aceite de oliva es el producto de la cesta que ha experimentado la mayor alza en el último año, según datos recientes del INE. En términos anuales, su precio se incrementó un 25.1% en agosto, acumulando un aumento del 170.5% desde enero de 2021, según informa Europa Press. Este ajuste es un paso hacia la normalización de la fiscalidad y la revocación de medidas extraordinarias implementadas para contrarrestar el aumento de precios tras la invasión de Ucrania y las tensiones en Oriente Medio, algo que ha sido solicitado por la Comisión Europea.
La Asociación de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), basándose en un estudio de PwC, pronostica un aumento de cerca de un punto en la inflación alimentaria debido al fin del IVA reducido. Este incremento se espera como resultado de la eliminación de las medidas extraordinarias. El Gobierno, al prolongar el sistema fiscal, sostuvo que las regulaciones prohíben que la reducción beneficie el incremento de las ganancias de las empresas. “Todos los descuentos aplicados bajo este esquema legal deben reflejarse en el precio final del producto y ser completamente a favor del consumidor. En ningún caso, la situación fiscal favorable debería beneficiar potenciales ganancias empresariales», indicó previamente. Para verificar que la reducción se aplicaba correctamente al consumidor, la Consumo envió varias solicitudes a los supermercados a finales de julio.
