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En términos de inversión, España tiene el peor sistema fiscal de toda Europa

El trato fiscal para inversiones empresariales en España se considera el peor dentro de la Unión Europea. Por cada 100 euros destinados a inversiones empresariales en el país, 29 euros se destinan a varios impuestos, una tasa mucho más alta que la media de 19 euros en el resto de la UE.

José María Durán-Cabré, investigador del Institut d’Economia de Barcelona fue coautor de un estudio que examinó la influencia de la fiscalidad en la competitividad empresarial. Afirma que, aunque no es el único factor, la posición de España como el peor en la UE en este aspecto no es alentadora.

Además, la motivación para atraer inversiones de otros países puede tener un efecto neutral, ya que podría desplazar las inversiones locales.

Las cifras provienen del índice impositivo de Mannheim, que es calculado por el instituto de investigación alemán ZEW. Este instituto considera inversiones en cinco diferentes activos, financiados de tres maneras diferentes y calcula el coste fiscal total de estas transacciones, del cual se extrae un porcentaje. Según las gráficas disponibles, entre los países analizados, solo Japón tiene un tipo más alto.

Durán-Cabré señala que hay múltiples enfoques para examinar la política fiscal y su impacto en diversas áreas, además de las inversiones. España, por ejemplo, se sitúa entre los países de la Unión Europea con menor presión fiscal en términos de recaudación total frente al PIB, siendo esta un 38,3% en comparación con el promedio de la U.E. de 41,9%, según los datos del 2022. Sin embargo, si visualizamos la situación mediante la media aritmética en lugar de la ponderada, España supera dicha media, que se sitúa en el 37,3%. Según explica Durán, esto sucede porque Alemania y Francia, dos de los países con mayor PIB y recaudación, también poseen las tasas más altas. Pero cuando se compara individualmente con cada país y en comparación con el PIB, España supera la media. Además, habla de la competencia que se establece en la atracción de inversiones con todos los países, sin importar su tamaño.

En un informe, se enlistan varios aportes de expertos en fiscalidad y competitividad, incluyendo a Ruud de Mooij, un economista del departamento de asuntos fiscales del FMI, quien menciona que existen investigaciones que muestran que los incentivos fiscales para atraer inversión extranjera terminan remplazando la inversión interna, por lo que la inversión total se mantiene igual. Según Mooij, sería más viable utilizar otros mecanismos para atraer inversiones, sugiriendo que un impuesto global mínimo del 15% podría cambiar radicalmente la competitividad fiscal y aportar una nueva visión, puesto que reduciría la presión de los países para competir con tasas legales bajas en el Impuesto de Sociedades.

En un reciente artículo, Javier García Arenas, miembro del departamento de estudios de CaixaBank, sugiere que es indispensable abrir un debate acerca de la posibilidad de implementar diferentes métodos de incentivos, incluyendo «transferencias directas». Esto se debe a que la complejidad del sistema fiscal actual ha ocasionado que muchas empresas jóvenes no aprovechen estas ayudas aunque cumplen los requisitos para ello. García Arenas también hace un llamado a la aceleración de los incentivos fiscales en las actividades de investigación y desarrollo para que éstos puedan beneficiar a un mayor número de empresas.

Además de las inversiones, incrementar la competitividad también requerirá atraer talento especializado con el fin de llevar a cabo los proyectos en mente. Sin embargo, García Arenas advierte acerca del impacto negativo que esto podría tener sobre la sociedad. Para evitar esto, propone que se implementen políticas sociales que ayuden a atenuar las consecuencias negativas en la población ya establecida, tales como la gentrificación.

Por otro lado, Javier J. Pérez, representante del Banco de España, subraya que la certidumbre en las reglas fiscales es esencial ya que «un incremento en la incertidumbre sobre la futura dirección de las políticas económicas tiene consecuencias adversas en la actividad económica y en la inversión privada».

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