En 2023, el déficit estructural de las regiones autónomas se disparó hasta el 0,9% del Producto Interno Bruto (PIB), alcanzando un saldo récord negativo, de acuerdo con un estudio de Fedea publicado hoy. Este déficit se debe en gran medida a un aumento generalizado en los gastos y disminución de impuestos.
El déficit estructural se usa para medir las políticas fiscales, ya sean expansivas o restrictivas, implementadas por los gobiernos regionales y excluye factores como la mejora ciclística económica o las liquidaciones del sistema financiero autónomo, que fueron bastante significativas en los últimos meses.
Dicho de otra forma, este saldo refleja las decisiones discrecionales de gastos e ingresos tomadas por las distintas administraciones. Como ejemplo, el estudio indica que “las decisiones de gasto en personalidades tuvieron un impacto cercano a los 700 millones en 2023 y alrededor de 300 millones adicionales en 2024″. Diego Martinez, uno de los autores del informe y profesor de economía aplicada en la Universidad Pablo de Olavide e investigador de Fedea, le contó a La Vanguardia que a través de la metodología utilizada es imposible determinar cuánto del déficit se debe a la falta de financiamiento del modelo obsoleto desde 2014. Sin embargo, apunta a que esto puede influir de alguna forma. Martínez, pone como ejemplo a Andalucía que ha experimentado un deterioro del 2,1% de su déficit del PIB, representando una decadencia de aproximadamente 4.000 millones. De este monto, unos 1.500 millones podrían estar asociados a la infrafinanciación, destaca Martínez. Los 2.500 millones restantes provienen de decisiones políticas, principalmente un incremento significativo de los gastos del gobierno autónomo del 13%. Cataluña, por otro lado, logró un equilibrio presupuestario en 2022 y acumuló un déficit estructural del 1,4% del PIB en 2023.
Martínez sugiere que aunque puede haber un ligero subfinanciamiento, éste se basa en un enfoque fiscal expansivo, es decir, un incremento en el gasto. Las medidas fiscales adoptadas por el Gobierno Autónomo han llevado a un deterioro del -0.7% del PIB en la Comunidad de Madrid. Por otro lado, está la Comunidad Valenciana, que ha estado sufriendo de un subfinanciamiento durante años, lo que resulta en un déficit estructural del -2.2% en 2023. En contraposición, las autonomías que consiguen superávits estructurales incluyen Asturias, Cantabria y Navarra.
Los especialistas de Fedea instan a la necesidad de reformar el sistema de financiación autónoma, especialmente considerando que 2023 fue el último año en que se suspendieron las normas fiscales europeas. Fedea destaca, “Ahora, con la nueva normativa de gobernanza fiscal en marcha, se resalta la importancia de cumplir con un objetivo de déficit menor al 3% y la responsabilidad de reducir el nivel de deuda por debajo del 60%, ambos en términos de PIB». Recuerda también que el Gobierno deberá presentar un plan fiscal a medio plazo en las próximas semanas, donde explique cómo se lograrán estos objetivos fiscales.
Diego Martínez señala que este panorama debería llevar a los gobiernos autónomos a moderar sus gastos. En otras palabras, es necesario tomar en serio este contexto fiscal, teniendo en cuenta las conclusiones del estudio de Fedea.
