Pedro Sánchez, el líder del Gobierno, ha optado por desatender el requisito constitucional de presentar los presupuestos antes del 30 de septiembre. En su parecer, es más ventajoso poseer unos presupuestos acordados que aseguren la duración de su mandato. Específicamente, Junts demanda al Gobierno de coalición un incremento en el gasto público destinado para Catalunya.
Con el objetivo de prevenir quejas del resto de las regiones autónomas, sugiere una ampliación de 10.000 millones de euros adicionales en la financiación regional, de los cuales una significativa parte iría a Catalunya. Sin embargo, este aumento implicaría un incremento del déficit público estimado inicialmente hasta al 4%, una opción inviable considerando que las normas fiscales de la Unión Europea demandan empezar a reducir el déficit a partir de 2025.
España, un país con una proyección de crecimiento cercano al 3%, puede generar una sólida recaudación tributaria, lo que desaconseja que siga acumulando deuda. Por lo tanto, la estrategia debe ser permitir a las regiones autónomas, especialmente a Catalunya, aumentar su endeudamiento mientras el Gobierno central reduce su déficit. No obstante, la gente ha visto que la Vicepresidenta Primera y Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no es muy adepta a la austeridad y se inclina más por incrementar los impuestos que por reducir el gasto público. Esto puede explicar por qué España ha registrado el mayor incremento de la carga fiscal entre los países de la OCDE en los últimos dos años. Según su patrón, Montero buscará de nuevo aumentar discretamente la carga fiscal usando una técnica llamada «deflación de la tarifa del IRPF». Ha aplicado este método al aumentar las cotizaciones sociales y los impuestos a los llamados «ricos», y aunque esto pueda parecer un engaño, el hecho es que cuando se grava a los bancos, las compañías de electricidad o las petroleras, estos simplemente trasladan el costo a sus clientes. Esto es una de las razones que dificultan que España controle la inflación. Montero continuará con su estrategia de eliminación de ayudas y subvenciones mientras maniobra las partidas del presupuesto, en lo que se ha mostrado muy hábil. Sin embargo, la realidad es que si Junts exige más de 10.000 millones de euros para financiación autonómica y no se puede incrementar el déficit más allá del 3% tal como lo estipula Bruselas, la única opción es aumentar la carga fiscal.
El Secretario de Finanzas, Carlos Cuerpo, sostiene que lo óptimo sería incrementar nuestro crecimiento en los tres años venideros. Asegura que mayor actividad, consumo e inversión resultan en más empleo e ingresos para el Gobierno. Para alcanzar esto, está dispuesto a fomentar un incremento salarial superior al Índice de Precios al Consumidor. De esta forma, se restaura la pérdida de poder adquisitivo que los salarios experimentaron en 2022-23 debido al golpe inflacionario. Hasta la fecha, este juego de engaños solo ha logrado intensificar la desigualdad en España. Se podría usar el argumento de Pedro Sánchez de que «España avanza a pasos agigantados», una variante de lo que decía Aznar: «España está en buen camino». Pero la verdad es que la tasa de pobreza y el desempleo son las más altas de Europa.
El mandatario está cada vez más aliado con la derecha nacionalista y se desvía progresivamente de sus compañeros de la izquierda -Sumar y Podemos-. El Gobierno de coalición sólo proporciona la melodía, pero la letra está en manos de Junts y PNV.
