El PSC y ERC han firmado un acuerdo para un nuevo modelo de financiación singular, basado en dos principios esenciales. La primera consiste en que la Generalitat de Cataluña, a través de la Agència Tributària de Catalunya (ATC), sea la encargada de administrar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos gravados en Cataluña.
De estos ingresos, se destinará una suma al Estado para cubrir el coste de los servicios que éste presta en Cataluña. La segunda es que se establezca una contribución a la solidaridad para asegurar que todos los ciudadanos españoles disfruten de un nivel similar de servicios públicos siempre y cuando realicen un esfuerzo fiscal similar.
Bajo estos términos, el acuerdo debería garantizar la solidaridad entre territorios en España, siempre que haya un consenso sobre lo que se considera el nivel y el coste de los servicios públicos. Como resultado del acuerdo, se delegará a la ATC la responsabilidad que actualmente tiene la Agencia Española de Administración Tributaria (AEAT). El ruido político que ha generado este acuerdo, que parece que continuará en los próximos meses, nos obliga a reflexionar sobre lo que implica cambiar la entidad que gestiona nuestra política fiscal. Este no es un cambio menor y requerirá un análisis detenido de las condiciones en las que deberá realizarse tal transferencia, para que resulte en una mayor eficiencia de la gestión fiscal. Lograrlo no será sencillo. La ATC deberá incrementar sus recursos técnicos y humanos para poder asumir la gestión de los impuestos estatales en Cataluña. Es importante reconocer que la AEAT ha realizado su labor, obteniendo resultados más que admirables, y por eso es fundamental llevar a cabo el proceso de asignar a la ATC la gestión de aproximadamente el 20% de la totalidad de los impuestos estatales de manera óptima. El desafío es triple.
Primero, se debe decidir cómo asignar recursos humanos y tecnológicos a la ATC para administrar los impuestos estatales en Cataluña. Hay dos opciones: proporcionar los recursos a la ATC desde cero o hacerlo en cooperación con la AEAT. Esta es la primera decisión a tomar. En segundo lugar, se debe definir la relación entre las diferentes agencias fiscales existentes en España. Aunque hay agencias fiscales autónomas en España, la presencia de la ATC con las competencias mencionadas requiere gestionar de forma integrada la información de todas las administraciones fiscales (AT) -incluyendo la Seguridad Social- y establecer estrategias y objetivos comunes entre las diferentes AT. Tercero, ¿cómo proteger a las agencias fiscales de la interferencia política? Determinar las condiciones bajo las cuales se nombra al director de la agencia y a quién debe rendir cuentas es una cuestión crucial. El objetivo debe ser superar estos desafíos sin perjudicar la eficiencia de la gestión fiscal y, en consecuencia, mantener o incluso aumentar la confianza de los contribuyentes en su administrador fiscal.
