El gobierno está contemplando el uso de la ley de Vivienda para redirigir más fondos hacia las políticas de vivienda en las comunidades que implementan la legislación estatal. Hasta ahora, Cataluña es la única que lo ha hecho. Por lo tanto, la Generalitat verá aumentadas las transferencias para estas políticas bajo el nuevo plan estatal de vivienda que se está preparando para el futuro cercano.
La iniciativa, fundamentada en dos artículos de la ley, el 12 y el 18, ha causado ya un enfrentamiento político con Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid.
El artículo 12 de la ley de Vivienda establece que el estado llevará a cabo la planificación necesaria con su financiación correspondiente, siempre dentro de su jurisdicción.
También menciona que el estado puede colaborar en la planificación de los planes de vivienda aprobados por las comunidades autónomas y los gobiernos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
El artículo 18.5 de la misma ley permite al estado diseñar y adoptar medidas de financiación específicas para las comunidades que declaran zonas de mercado tensionadas que podrían facilitar o reducir los costes de alquiler o venta. Además, se puede ofrecer asistencia financiera adicional a estos gobiernos dentro del plan de vivienda nacional.
En resumen, el ministerio está considerando aumentar el financiamiento de Cataluña para políticas de vivienda, en perjuicio de las regiones que no implementan la ley de Vivienda, que son todas las demás.
Isabel Rodríguez, la ministra, ha instado a las comunidades autónomas a buscar acuerdos y adoptar acciones extraordinarias frente a la emergencia actual. Sin embargo, ella remarcó que la legislación nacional otorga al gobierno la potestad de tomar iniciativas extraordinarias. En este momento, se está elaborando el plan nacional de vivienda para los próximos años. Ya se han efectuado reuniones con las comunidades autónomas.
El gobierno central proporciona hasta el 75% de los fondos para las políticas de vivienda de las comunidades autónomas.
Rodríguez fue incluso más enfática en una entrevista matutina en TVE, donde declaró que toda comunidad autónoma que no adopte la ley de Vivienda no recibirá financiamiento del gobierno central. La ministra enunció que entre el 70% y el 75% de las políticas de vivienda de las comunidades autónomas se financian con fondos del gobierno central.
Declaró, en esa misma entrevista, que condicionará la financiación a que las comunidades autónomas acaten la ley, alegando que no es justo tratar de la misma forma a aquellos que están trabajando y cumpliendo con la ley como a quienes se rebelan contra el gobierno.
Rodríguez puso el énfasis en Madrid, señalando que hay miles de madrileños afectados por la desobediencia a la ley. Según las estimaciones gubernamentales, la Comunidad de Madrid ha recibido 2,000 millones (incluyendo Campamento) del gobierno central para políticas de vivienda desde 2018. Isabel Díaz Ayuso respondió a estas declaraciones afirmando que “no podemos limitar el precio de la vivienda porque no funciona y porque es un ataque contra la propiedad”.
Reunión con la consejera Paneque.
Hoy en Madrid, la Ministra Rodríguez y la Consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Silvia Paneque, discutieron acerca de los desafíos en la cuestión de la vivienda en Catalunya. Rodríguez, explicaba cómo la comunidad autónoma de Catalunya ha sido beneficiaria de una inversión financiera de 1.800 millones de euros desde 2018 por parte del estado, facilitando la disposición de 26.000 viviendas, ya sean nuevas o remodeladas, para los ciudadanos.
Rodríguez y Paneque han respaldado la ley estatal de Vivienda en una región donde 171 municipios estarán sujetos a una alta tensión, lo que afectará al 90% de su población.
La consellera catalana, durante su visita a Madrid, resaltó la meta de construir 50.000 nuevas viviendas en Catalunya durante su legislatura como una de las promesas claves del Presidente Illa. Se contemplan dos métodos para lograrlo: una promoción directa que comprende 35.000 propiedades y una promoción delegada que involucra 15.000 propiedades con la cesión de terrenos públicos durante 75 años. El gobierno calcula mover alrededor de 8.300 millones de euros hasta el 2030 para alcanzar sus objetivos en vivienda.
