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En España, existen ciudades en las que los habitantes abonan una cantidad más elevada en concepto de tributos

Según el Informe del Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAR), las disparidades fiscales son significativas entre las diferentes capitales provinciales españolas. En promedio, un residente de la capital de una provincia pagó 705 euros en impuestos locales durante 2023. A este monto, se deben sumar cargas fiscales de ámbito autonómico y estatal.

Las cifras sugieren que la carga impositiva local fue la más alta en Madrid, con un promedio de 1.001 euros por contribuyente, seguido de Barcelona, que recaudó una media de 978 euros por residente. Por otro lado, Pamplona tuvo la carga fiscal local más baja, con un promedio de 435 euros por habitante.

Otras ciudades como Jaén, Badajoz, Cáceres, Alicante, Córdoba, Málaga, Valladolid, Almería y Teruel también registran menos de 600 euros por residente en términos fiscales locales.

El estudio también revela que el principal insumo para la recaudación fiscal de los municipios proviene del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), que representa dos tercios de los ingresos de impuestos locales. Este obligatorio impuesto se aplica de forma anual y presenta discrepancias significativas entre las diferentes ciudades. La media en España es de 333 euros por contribuyente, siendo las aportaciones más altas en Madrid (470,6 euros) y Barcelona (449,2 euros).

El año pasado, la capital logró una recaudación superior a 1.500 millones mediante un impuesto, mientras que el Ayuntamiento de Barcelona obtuvo 745 millones. Pamplona, Bilbao, Vitoria y Santa Cruz Tenerife son las capitales de provincia donde el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) promedio por persona es menor a 200 euros. Existe también el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de participación obligatoria, aunque este solo representa el 8% del total de los ingresos municipales. Este fenómeno se debe a las exenciones aplicables a entidades y personas con una cifra de negocio neta inferior a un millón de euros. Este impuesto obtuvo una recaudación de 137 millones en Madrid y 89 en Barcelona. Los residentes de Sevilla fueron los que más pagaron, con una media de 68 euros, mientras que la media general fue de 40 euros. El tercer impuesto obligatorio es el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM), más conocido como “numerito». Es un tributo pagado por el propietario del permiso de circulación y atrajo flotas de vehículos al establecer tarifas muy bajas. Este tributo representó el 11% de los ingresos municipales. En Sevilla y Gerona, l. A recaudación promedio fue de más de 60 euros, mientras que en Jaén, Salamanca y Ourense fue de menos de 15 euros. El Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) aportó solo el 7% de los ingresos municipales. Este impuesto tuvo un pico durante el boom inmobiliario y contribuye al 8% de los ingresos municipales, recaudando un promedio de 26 euros. Finalmente, en Guadalajara, este valor ascendió a 111 euros.

Los habitantes de Madrid y Barcelona son los que tienen que pagar más en tasas de impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), con un promedio de 470,6 y 449,2 euros respectivamente. Además, el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), también conocido como plusvalía municipal, que fue declarado parcialmente inconstitucional, aporta un promedio de 35 euros por individuo. Los residentes de Madrid y Barcelona pagan en promedio 120 y 80 euros respectivamente. El REAF sugiere una serie de medidas para reformar la tributación municipal, incluyendo revisar la tributación de la riqueza e incorporar al IBI en estas modificaciones. Los economistas opinan que el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) también «necesita ser revisado desde hace mucho tiempo, ya que afecta de manera significativa a algunas empresas y no a otras”. Proponen reformar el impuesto sobre vehículos estableciendo una conexión entre el municipio en el que se grava el vehículo y la residencia actual del titular. Finalmente, consideran que cualquier reforma del sistema de financiación local debe ir de la mano con los cambios en la financiación autonómica.

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