El Departamento de Trabajo propone posponer la implementación de la disminución en la jornada laboral con el objetivo de alcanzar un acuerdo que hasta ahora parece complicado. Específicamente, en la reunión del pasado martes se sugirió que la disminución a 38,5 horas se haga efectiva a partir de enero de 2025, y las 37,5 horas a partir de enero de 2026.
Este escenario representa una demora de un año en relación a los plazos a los que el gobierno de coalición se había comprometido. Es un esfuerzo más por persuadir a una patronal reacia a acordar, al parecer ha llegado a la conclusión que sin su aprobación, la reforma tiene muy pocas probabilidades de superar el proceso parlamentario.
Los sindicatos llaman a la movilización este jueves en las oficinas de la patronal. Esta demora es la principal actualización de una reunión del gobierno con actores sociales en la que no hubo cambios significativos ni por parte de los sindicatos ni de la patronal. “Se debatió bastante, pero no hubo ningún avance”, es la conclusión que hizo uno de los asistentes. Los sindicatos dejaron la reunión con un llamado a animar a la participación en las protestas programadas para este jueves en las oficinas de la patronal; mientras que la CEOE enfatizó nuevamente su oposición a la reducción legal de la jornada, y reprochó que no se presentaron propuestas escritas. Fueron más de cuatro horas de reunión al término de las cuales, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se esforzó por presentar una interpretación un poco más optimista. Resaltó que ve «más constructiva» la postura de la patronal, pero lo único específico que ofreció fue que está dispuesto a considerar las propuestas en relación con los incentivos a las pequeñas empresas para facilitarles la transición a un horario reducido.
El Ministerio de Trabajo no ha proporcionado ningún plan de acción escrito recientemente. Los elementos fundamentales de las discusiones son reducir el tiempo de trabajo a 37,5 horas, implementar un sistema telemático de registro de tiempo, proteger el derecho a la desconexión digital junto con un sistema de incentivos para las pequeñas y medianas empresas, un plan que ya se discutió en la reunión anterior. La próxima reunión está programada para el 11 de octubre. Dada esta situación, los sindicatos han instigado a las protestas. Mari Cruz Vicente del CC.OO enfatizó que la situación no puede continuar indefinida. “No podemos permanecer en la mesa de negociacioón sin resultados tangibles”, dijo. En un sentimiento similar, Fernando Luján de UGT comentó que “nueve meses negociando ya es suficiente”. Así se prepara la primera protesta sindical en las calles, con manifestaciones previstas frente a la oficina de las asociaciones de empleadores. También han hecho un llamado a las facciones políticas para que se manifiesten sobre el asunto.
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