Hoy, el Consejo de Ministros ha decidido apartar los objetivos de déficit de la agenda parlamentaria, informa un representante de la vicepresidencia primera. Esta decisión se produce ante el riesgo de que, por segunda vez, no se consigan los votos necesarios en la votación programada para el jueves.
Ya en julio, la propuesta del Gobierno fue rechazada por el parlamento durante la primera votación. En respuesta a la posible derrota en la Cámara de Diputados, el Ministerio de Hacienda optó por aplazar la votación. La falta de apoyo en el parlamento, principalmente debido al rechazo del PP y Junts a confirmar la llamada senda de estabilidad financiera, ha obligado al Gobierno a actuar de esta manera buscando continuar las negociaciones con el principal partido de la oposición o con uno de los socios de investidura.
“El objetivo es conceder más tiempo al diálogo al ofrecer una nueva oportunidad para negociar”, remarcan las mismas fuentes. “El gobierno aspira a explorar todas las opciones para llegar a un acuerdo beneficioso para todas las comunidades autónomas y los municipios”, agregan. La votación de hoy iba a preceder la presentación de los Presupuestos Generales del Estado del 2025, un proyecto aún pendiente del Congreso de Junts a finales de octubre. Ahora, Hacienda apunta a renegociar la senda de estabilidad en los próximos días o semanas. “El Gobierno de España no se resigna a que la falta de responsabilidad del PP implique graves consecuencias para comunidades autónomas y ayuntamientos, que perderían casi 12.000 millones en margen presupuestario para los siguientes dos años, si no se aprueba una nueva senda”, enfatiza el ministerio. La administración también subraya que esta retirada de la agenda parlamentaria es «un acto de responsabilidad» en busca del «interés general para conseguir un acuerdo favorable para la defensa del estado del bienestar». Hacienda ahora evalúa ajustes en la senda de déficit según lo solicitado por Junts.
El Consejo de Ministros había aprobado en julio y septiembre las metas del déficit, que eran iguales en ambos casos. Se permitió a las regiones que aceptaran un desbalance presupuestal del 0,1% del PIB entre 2025 y 2027, y a las entidades locales mantener un presupuesto equilibrado en ese mismo plazo. La primera vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, calificó este escenario de ‘difícil de superar’. Ahora Hacienda está considerando modificaciones en la ruta del déficit, tal como Junts había solicitado. Junts criticó la distribución del déficit y argumentó que el Estado se guarda un margen fiscal del 2,2% en 2025, del 1,8% en 2026 y del 1,5% en 2027. Con este sistema, se exige a otras administraciones públicas realizar esfuerzos presupuestarios mucho más grandes. Junts propuso dividir el déficit demandado por Bruselas en tres partes: un tercio sería asumido por la Administración Central, otro por las regiones y otro por las municipalidades. Esto permitiría dar a Cataluña, así como a otras regiones, un margen fiscal de un tercio del 2,5% del PIB requerido. En consecuencia, se les permitiría tener un déficit de aproximadamente 13.000 millones (0,8%), en comparación con los 1.626 millones de la ruta de estabilidad que fracasó en julio y se retiró hoy. Por su parte, la administración central mantendría un gasto de unos 24.400 millones el próximo año, en lugar de los actuales 35.772 millones. El Gobierno mantiene que la ruta aprobada por el gobierno en dos ocasiones ha sido ‘respaldada por las regiones en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que flexibiliza las metas del déficit para las regiones y las municipalidades en 2025 y 2026’ en comparación con la ruta fiscal previa.
La Hacienda concluye que el esfuerzo principal para recortar el déficit lo tomará de cara la Administración Central. En otras palabras, el camino planteado por el Gobierno proporciona más margen para el gasto a las Comunidades Autónomas y municipios. Esta es la base sobre la cual continuaremos nuestras negociaciones para llegar a un acuerdo.
