El recién instalado gobierno laborista del Reino Unido reveló poco después de tomar el poder que las finanzas públicas tenían un «agujero negro» de 22.000 millones de libras esterlinas (equivalente a 29.000 millones de dólares), supuestamente una reliquia de la administración conservadora anterior.
Keir Starmer, el primer ministro, quien prometió impulsar el crecimiento tras una larga temporada de letargo económico, incremento de la deuda pública y presión fiscal récord, mencionó que las decisiones tomadas por su predecesor no le dejaban otra «opción» que tomar medidas «dolorosas», incluyendo posibles subidas de impuestos.
Desde aquel momento, el debate político ha girado en torno a la profundidad del desfase fiscal británico. ¿Son realmente las 22.000 millones de libras esterlinas, o la cifra es aún mayor? ¿Qué porcentaje es deuda heredada y qué tanto es fruto de las alzas salariales otorgadas por la nueva administración a los empleados públicos? Algunos críticos han apuntado que los dirigentes recién llegados suelen responsabilizar a sus precursores por las dificultades que ellos mismos generaron. Sin embargo, casi nadie parece recordar que ese «agujero negro» es producto de la aplicación de reglas fiscales que resultan ser arbitrarias, como el hecho de que la brecha entre gastos presupuestarios y extras no se marca igual en todas las naciones.
El entonces secretario de finanzas, Gordon Brown, instauró en 1997 las actuales reglas fiscales para asegurar a los mercados de bonos que el gobierno laborista no gastaría de más. Subsecuentemente, en el año 2010, David Cameron, el primer ministro conservador en aquel entonces, robusteció el sistema al fundar una Oficina de Responsabilidad Presupuestaria independiente, con la misión de constatar que el gobierno respetara sus propias normativas.
La secretaria de Economía del Partido Laborista, Rachel Reeves, tiene la intención de «balancear el presupuesto» y conseguir que la proporción de la deuda pública al PIB sea menor al final del quinquenio gubernamental de su partido. Pretende lograrlo a través de la expansión económica. Sin embargo, la reducción del gasto público dificultará el crecimiento necesario para cumplir con sus metas fiscales.
El actual marco financiero es, en cierta medida, una reacción a las prácticas presupuestarias arbitrarias de los años 50 y 60. Durante este periodo, los gobiernos se preocupaban más por mantener un nivel de empleo total sin inflación que por equilibrar el presupuesto. Utilizaban el déficit para decrecer el desempleo, y el superávit se consideraba como un medio para regular la inflación. La principal flaqueza de esta táctica era que era más fácil incentivar el crecimiento mediante el aumento del gasto y la disminución de impuestos que contener la inflación mediante la reducción del gasto y el incremento de impuestos. Por lo tanto, la dedicación al empleo total traía consigo una presión inflacionaria intrínseca.
Como réplica a esto, los gobiernos británicos cambiaron su foco hacia la estabilidad de precios, convirtiéndola en el principal objetivo macroeconómico, y minimizaron la teoría de John Maynard Keynes que sugería que ni siquiera las economías de mercado eficientes pueden garantizar el pleno empleo. Con el balanceo del péndulo de un extremo al otro, se volvió cada vez más complicado encontrar un punto medio.
Hoy en día, las solicitudes para aumentar la inversión pública se discuten solo desde la perspectiva de la oferta. La economista Mariana Mazzucato, por ejemplo, aboga por inversiones públicas «enfocadas en misiones» para la descarbonización. El pensamiento es que, a pesar de que el rendimiento de la energía verde supera a los combustibles fósiles, los mercados no son capaces de proporcionar las inversiones necesarias para combatir el cambio climático por sí mismos; en consecuencia, es vital recurrir al gasto público «inteligente». Como establece un editorial reciente del Evening Standard, un «gobierno verdaderamente radical y nuevo desafiaría la convención» e invertiría en «proyectos de infraestructura que contribuyen a establecer el fundamento de una economía pujante».
Sin embargo, existe la necesidad de abordar dos preguntas cruciales ante este argumento: ¿Por qué asumir que la inversión pública favorece más el crecimiento que la inversión privada? Y, ¿Por qué el sector privado no puede proporcionar la financiación necesaria para acoger las energías limpias?
Una respuesta viable, que se origina en la economía keynesiana, sugiere que la inversión pública no excluirá el capital privado sino que atraerá fondos actualmente enfocados en actividades especulativas y los direccionará hacia la economía real. Aun así, este razonamiento, aunque válido, no representa un gran avance político contra la noción de que el gasto público es siempre menos eficiente que la inversión privada.
La rigidez fiscal del Reino Unido no puede ser mitigada sin políticas que estimulen la demanda. A pesar de que sugerir un incremento en la inversión pública con cifras de desocupación cercanas al 4% (el porcentaje más bajo desde los años setenta) podría parecer confuso, la tasa oficial de desempleo no representa de manera precisa el verdadero uso de la habilidad económica. Actualmente, el porcentaje de inactividad (la proporción de personas de 16 a 64 años que no están trabajando ni buscando empleo) es del 21,8%. Con aproximadamente el 25% de la mano de obra empleada de manera parcial (y muchos individuos que no logran encontrar empleo de tiempo completo), y un 6% de la población en edad laboral que recibe beneficios por discapacidad, es posible que la verdadera capacidad no explotada sea dos o incluso tres veces mayor a lo que las estadísticas oficiales de desempleo indican.
El año anterior, argumenté que la Ley de Reducción de Inflación firmada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, contenía la semilla de un concepto fiscal relevante: el multiplicador presupuestario balanceado. De acuerdo con este concepto, un alza en el gasto público junto con un incremento similar en los impuestos aumentará la demanda total, ya que una porción de los ingresos tributarios se asignará al ahorro en lugar de al gasto.
La norma anti-inflación, la cual reserva $369 mil millones en subsidios y beneficios tributarios a la energía sostenible, también busca alcanzar un balance en el presupuesto durante una década, originando $739 mil millones en ganancias extras a través de la elevación de la economía y los impuestos a empresas. Los efectos de las tareas efectuadas reafirman la táctica: desde el 2021, la economía de los EE.UU. se halla en expansión, la desocupación bajó al 3.4% en 2023, su valor mínimo en 50 años (aunque se elevó al 4.2% en 2024), y la inflación se redujo al 2.5%. Reeves puntualizó la oportunidad de aplicar un esquema similar en el Reino Unido, aún así, dado que un incremento considerable de los impuestos está lejos de ser debatido, se encuentra ante las mismas limitaciones fiscales que su antecesor tory, Jeremy Hunt.
De esto surgen dos deducciones. La primera es una simple noción keynesiana: para disminuir la deuda nacional, las propuestas públicas no deben concentrarse en minimizar las salidas, sino en conseguir que el PIB aumente más aceleradamente que la deuda. Un aprendizaje principal tras catorce años con una administración conservadora es que, con una economía estancada por políticas de austeridad, es inevitable elevar la proporción de deuda pública/PIB. En segundo lugar, los gobiernos del Reino Unido no tienen la autonomía de sus pares estadounidenses para desatender el «sentimiento financiero» (sin importar cuán confundido esté), y no tienen la capacidad para incrementar los impuestos a su antojo. Los límites de cambio que en algún momento obstaculizaban la fuga de capital son cosa del pasado, y el Reino Unido ya no posee el poder imperial para obligar a que el dinero se quede en su territorio.
No obstante, con el adecuado preparativo, un gobierno del Reino Unido debería poder lanzar «bonos de descarbonización» (parecidos a los bonos de guerra utilizados para financiar ambas guerras mundiales) y emplearlos para respaldar la transición verde. Podría ser una medida fiscal capaz de cumplir tanto las demandas del lado de la oferta como las exigencias del lado de la demanda.
