La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) tiene una visión favorable hacia la reciente actualización de las normativas de las pensiones llevada a cabo por el Gobierno y los diversos actores sociales. Fedea destaca especialmente su meta de extender la etapa de trabajo, algo esencial en la actual realidad de una población que envejece.
Sin embargo, también indica ciertas discrepancias. En primer lugar, argumenta que persisten obstáculos exagerados para combinar una labor remunerada con una pensión y, en segundo lugar, advierte un probable incremento en los gastos financieros del sistema. El reporte elaborado por Miguel Ángel García destaca la necesidad de una evaluación detallada de las consecuencias financieras de estas medidas recientes en el sistema de pensiones.
Se subraya que «el crecimiento en la magnanimidad de los incentivos puede causar una carga financiera considerable…escalando los costos sin un impacto proporcional en el retardo de la edad de jubilación», lo cual es un factor claves en la sostenibilidad del programa de reforma según el Gobierno. Este aumento en los gastos podría materializarse al unir parte de la pensión con los incrementos sobre la paga inicial al momento de jubilarse. De esta forma, Fedea expresa incertidumbre acerca del ahorro de la jubilación retrasada que el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social estimó en 1,4 puntos de PIB por el aplazamiento de dos años para el 55% de la población. Además, en cuanto al estímulo para prolongar la vida laboral, se considera que las restricciones actuales son demasiado severas, como esperar un año para poder jubilarse o las limitaciones en el horario laboral. La Fedea también opina que se pudo aprovechar la oportunidad para proponer incentivos a las empresas, tales como suprimir los costos de despido para los empleados que deseen trabajar más allá de la edad legal de jubilación. Asimismo, debería haber espacio para renegociar sus salarios y otras condiciones laborales.
La semana pasada, en la Moncloa, se firmó un acuerdo que promueve la compatibilidad entre el trabajo y la pensión, implementa modificaciones en la jubilación tardía y activa, confiere a las mutuas un rol más significativo en el manejo de las bajas laborales y establece el retiro de los trabajos penosos. El acuerdo fue firmado por el presidente del gobierno, los líderes de la CEOE y Cepyme, y los representantes de CC.OO. y UGT. Nacido de un consenso poco común en estos días entre el Gobierno y los agentes sociales, alcanzado en julio pasado, aún tiene un reto por superar: su aprobación en el parlamento. Este proceso se prevé complicado debido a las críticas recibidas tanto en su contenido como en su forma por ciertas coaliciones habituales del Gobierno, como ERC y Bildu. Estas criticas han alarmado a los sindicatos, que han advertido a su vez a estos grupos parlamentarios de las consecuencias que deberán enfrentar y explicar a los trabajadores afectados si no se aprueba el acuerdo.