El Ministerio de Interior ha concedido una mayor flexibilidad al sector turístico al aplazar hasta el 2 de diciembre la implementación del nuevo sistema de registro de viajeros, como se detalla en el Real Decreto 933/2021. Originalmente programada para el 1 de octubre, la nueva reglamentación obliga a todas las empresas de turismo y alquiler de vehículos a recopilar y comunicar al Ministerio información más exhaustiva de los viajeros, superando la simple identificación por DNI y pasaporte requerida hasta la fecha.
De hecho, se requerirán hasta 18 puntos de información adicionales sobre los clientes, tanto residentes como extranjeros. La lista incluye detalles delicados como métodos de pago, transacciones económicas, datos contractuales, dirección actualizada y contactos móviles o de email del usuario.
Dichos datos solo pueden recogerse manualmente, lo que potencialmente podría dar lugar a errores, tal como expresaron algunos representantes del sector.
El Ministerio justificó este nuevo aplazamiento, señalando «motivos técnicos para facilitar la interconexión y la transmisión de los datos desde las instalaciones ubicadas en las comunidades autónomas con fuerzas de policía autónomas». En regiones como Cataluña y el País Vasco, la recopilación de datos de los viajeros estipulada en este decreto es responsabilidad de los Mossos y la Ertzaintza, respectivamente.
Había surgido un obstáculo, ya que hoteleros y agentes turísticos estaban obligados a subir los datos a una plataforma de la Policía Nacional, a la que inicialmente las fuerzas de policía autónomas no tenían acceso. Este aplazamiento es un respiro para las empresas de turismo, quienes reiteradamente solicitaron al ministerio que les eximiera de esta responsabilidad o que gestionara los datos de una manera diferente, debido al «caos» que supondría para sus operaciones que esta responsabilidad fuera manual.
Al anunciar este aplazamiento, el Ministerio del Interior reiteró que ha mantenido un diálogo «continuo con las partes interesadas para asistir en su transición» hacia los lineamientos de la nueva ley y la plataforma para ingresar los datos. Se tiene planificado una próxima reunión con líderes del sector turístico el 4 de octubre, según informó el Ministerio del Interior. Específicamente, algunas de las quejas más resaltantes apuntan a que la nueva norma podría entrar en conflicto con las directrices de la Unión Europea, lo que generaría incertidumbre legal y la imposibilidad de cumplirla, lo que afectaría negativamente la competitividad en los mercados local y europeo, además de una inadecuada adaptación tecnológica y a una carga burocrática excesiva para los negocios, considerando que el 95% del núcleo del sector está conformado por pequeñas y medianas empresas (pymes).
