Esta semana, Yolanda Díaz, la segunda vicepresidenta del gobierno, hizo una gira por Barcelona. Se reunió con Salvador Illa, el presidente de la Generalitat, así como con los líderes de Foment del Treball y Pimec y las delegaciones catalanas de los sindicatos CC.OO.
y UGT. También tuvo una reunión «discreta» con el G8 de las principales organizaciones empresariales catalanas en el restaurante Windsor, en el centro de Eixample, según los asistentes.
El encuentro se centró en varios temas económicos actuales, como la baja productividad, los retos para atraer talento y el efecto de la desaceleración económica en Europa.
De nuevo, se plantearon dudas sobre la aprobación de la reducción de la jornada laboral y su impacto negativo en las pequeñas y medianas empresas, un asunto clave durante la visita de la vicepresidenta a Barcelona. Además, los empresarios instaron a abordar las diferencias fiscales entre las distintas regiones autónomas.
Pero el tema que más atrajo la atención de los empresarios fue el de la financiación autonómica. El mencionado G8, que toma su nombre del grupo de los países más industrializados, expresó su total apoyo a la propuesta de una financiación singular y aseguró que trabajarán para asegurar que el acuerdo se concrete satisfactoriamente. Los empresarios identificaron varias ventajas del pacto de financiación: la necesidad de garantizar el principio de ordinalidad, según el cual la comunidad que más contribuye al sistema común no quedará en desventaja después de la distribución de los fondos solidarios, y el pleno poder de recaudación de los impuestos para la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC).
Los participantes de la reunión indicaron que existía un acuerdo armonioso entre los dos grupos en este asunto. La vicepresidenta afirmó que el pacto beneficiaría a todas las regiones de España, particularmente a las regiones gobernadas por el PP, como la Comunidad Valenciana y las Islas Baleares. Esto podría causar fisuras en el bloque conservador, sugirieron. Hasta ahora, los líderes que se han encontrado con Pedro Sánchez, Alfonso Rueda (Galicia) y Juanma Moreno (Andalucía) han seguido la guía establecida por la dirección nacional y han rechazado por completo la propuesta de un diálogo bilateral entre la Generalitat y el Gobierno.
En relación a la financiación, los empresarios catalanes aprovecharon la oportunidad para discutir la fiscalidad. Algunos afirmaron que es esencial abordar las notables discrepancias fiscales entre las comunidades autónomas, especialmente aquellas gobernadas por el Partido Popular, con Madrid a la vanguardia, y señalaron usos incorrectos de la política fiscal.
La reunión duró varias horas y no todos los participantes permanecieron hasta la cena. Entre los invitados a la reunión con la vicepresidenta Díaz, la presencia de Jaume Guardiola (Cercle d’Economia), Josep Santacreu (Cambra de Comerç de Barcelona), Ramon Agenjo (Barcelona Global), Antoni Cañete (Pimec), Oriol Guixà (FemCat), Carles Puig de Travy (Col·legi d’Economistes de Catalunya), Josep Mateu (RACC) y Constantí Serrallonga (Fira de Barcelona), fue notable.
