La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha implementado el uso de la inteligencia artificial con el propósito de vigilar todas las ofertas publicadas por el gobierno, las autonomías y las municipalidades, y así descubrir posibles patrones inusuales y potenciales instancias de colusión.
La CNMC ha producido su propio programa de monitorización, llamado Brava (Bid Rigging Algorithm for Vigilance in Antitrust), gracias a su Unidad de Inteligencia Económica, establecida en 2018 y actualmente precursora en su campo a nivel internacional. “Utilizamos técnicas de inteligencia artificial para seguir la pista a todos los anuncios de todas las autonomías además del BOE”, anotó el jueves la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, en el Congreso.
Actualmente, este sistema tecnológico notifica si una oferta puede estar vinculada a la colusión desde el momento en que es presentada ante el BOE, en los boletines regionales o en la Plataforma de Contratación del Estado. Los contratos públicos no son un asunto trivial, y la identificación de irregularidades puede representar un sustancial ahorro en millones de euros para los ciudadanos. Según la Oirescon, la oficina independiente de supervisión de contratos públicos, el año pasado las licitaciones ascendieron a 107.557 millones de euros, lo que viene a ser el 11,5% del PIB o el 24% del gasto público. Del total, el Estado gestionó el 33%, mientras que las autonomías y las municipalidades manejaron el 41% y el 26%, respectivamente. La mayor parte de los fondos se asignó a la salud y a los servicios generales. Para la optimización de su herramienta tecnológica, la CNMC ha obtenido una base de datos de 3,5 millones de contratos. Uno de los retos fue que, en muchos de estos documentos, solamente constaba el nombre del adjudicatario sin más información relevante, o esta se encontraba desorganizada o adjunta a través de una fotografía o una imagen escaneada.
La Competencia ahora puede disponer de información sobre los perdedores de las licitaciones, proporcionando una idea de si han optado por ceder a otra empresa a cambio de salir victoriosos en futuras licitaciones. Esto se ha hecho posible gracias a un acuerdo con el Colegio de Registradores, permitiéndoles conocer la información depositada por las empresas en todo momento. La tecnología avanzada no solo optimiza y completa los datos, sino que también organiza la información, lo cual ha hecho posible que la CNMC posea una lista creciente de sospechosos habituales en las licitaciones, tal como apuntó Fernández. Esta tecnología facilita la identificación de patrones, puesto que las empresas suelen dividir los mercados de acuerdo con un plan preestablecido, ya sea en términos de tiempo, regiones o clientes. Un indicativo clave está en los precios propuestos por varias empresas en una licitación: una sobresale, mientras que las demás parecen haber perdido su capacidad para competir de repente. En la última actualización, Brava pudo identificar con un 99% de eficacia si la oferta contenía elementos de colusión. Otro experimento de la CNMC implicó entrenar su herramienta con el 75% de las licitaciones y luego dejar que trabajara en el 25% restante, buscando colusiones. El rendimiento fue perfecto en este caso, alcanzando el 100% de éxito. Esta tecnología ofrece a la CNMC «una buena lista de sospechosos habituales». La recién nombrada directora de Competencia, Susana Campuzano, hasta ahora jefa de la Unidad de Inteligencia Económica de la CNMC y experta en inteligencia artificial, se encargará de supervisar los procesos de instrucción en el área de Competencia, reemplazando a Marisa Tierno, quien regresa a la Comisión Europea. Actualmente, la CNMC está revisando la guía de contratación pública que utilizan las administraciones.
Actualmente, se está en el proceso de planificación y diseño de licitaciones, considerando si sería beneficioso disminuir el tamaño de los lotes para permitir la participación de un mayor número de pequeñas y medianas empresas. Oirescon, el ente responsable de la supervisión de los contratos públicos, en su informe anual más reciente ha señalado que la cantidad promedio de competidores por licitación ha descendido a menos de tres. En el último año, la cifra se estableció en 2,99, siendo inferior a las de los años anteriores: 3,22 en 2022, 3,9 en 2021 y 4,04 en 2019. Esta tendencia decreciente se presenta en un contexto de aumento en la aportación de recursos públicos debido a los fondos europeos. Es destacable también el alto porcentaje de contratos que tenían un solo licitante. De los contratos publicados, el 44% tuvieron una única propuesta, obteniendo el 26% del valor total. Según el tipo de administración, el promedio de competidores en las licitaciones estatales es de 2,8, en comparación con 2,95 en las administraciones locales y 3,16 en las comunidades autónomas. En el último año, se licitaron 196.763 contratos públicos en España, con un valor promedio de 545.000 euros cada uno. Catalunya fue la comunidad autónoma con el mayor volumen de licitación, sumando 8.887 millones de euros. Le siguieron Andalucía con 6.930 millones y la Comunidad de Madrid con 6.286 millones.