La regularización de los arrendamientos ocultos está llevando a importantes flujos de ingresos a la Hacienda. Este logro se ha conseguido a un coste mínimo, gracias a la labor de los inspectores que cruzan datos y detectan posibles infracciones de los contribuyentes, a quienes se les envía una notificación escrita.
Esta metodología ha permitido que, desde 2015, la Agencia Tributaria incorpore 1,3 millones de declaraciones del IRPF que contemplan rendimientos de capital inmobiliario, de acuerdo al último balance del control tributario presentado esta semana. Solo en 2023, se añadieron 112.000 declaraciones.
La Hacienda anticipa que el número de propiedades reveladas es probablemente más alto, ya que los datos actuales reflejan solo las declaraciones de los propietarios, quienes pueden rentar más de un inmueble. En los últimos ocho años, la base tributable aumentó en 8.526 millones, lo que se traduce en una recaudación adicional de más de 1.000 millones, según cifras oficiales. Según estimaciones de los técnicos, el fraude en el alquiler convencional asciende al 21,1% del mercado, es decir, cerca de 600.000 viviendas. Para detectar estos casos, la inspección tributaria utiliza una variedad de técnicas, como el análisis de los anuncios de alquiler en sitios inmobiliarios, la información sobre los depósitos de garantía y las deducciones fiscales, explican fuentes de la Hacienda. Gracias a esta información, la Agencia Tributaria puede identificar posibles arrendamientos ocultos y enviar una notificación a los propietarios responsables. Revelar los alquileres no declarados o subdeclarados ha sido una demanda constante del sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha.
José María Mollinedo, como secretario general, arroja luz sobre la problemática de arrendamientos ocultos que ha asolado a España en las últimas dos décadas. En 2006, el pronóstico de fraude por los expertos de la Hacienda se cernía alrededor del 60% del mercado de alquileres. Sin embargo, este no es un asunto limitado solo a España, sino que trasciende las fronteras nacionales. Para luchar contra estas malas prácticas en el sector alquiler, la estrategia adoptada por la OCDE se basó en una campaña lanzada por el Ministerio de Hacienda de Nueva Zelanda, dirigida a los propietarios de propiedades. En el presente, Gestha calcula que el 21,1% del parque de viviendas en alquiler estarían ocultos, equivalente a unos 600.000 inmuebles, excluyendo los alquileres turísticos. Mollinedo, aunque reconoce los progresos en la lucha contra el fraude, insiste en que todavía queda un largo camino por recorrer. En los últimos años, la Agencia Tributaria ha perfeccionado el envío de notificaciones a los contribuyentes, alentándolos a cumplir voluntariamente con sus responsabilidades fiscales. En la última edición de la Campaña de la Renta, enviaron 80.000 notificaciones escritas que condujeron a la presentación de 23.000 declaraciones adicionales, un mes antes de su fecha límite. Esto demuestra que las notificaciones ante posibles fraudes pueden tener un impacto real en la fiscalización.
