En un escenario fuera de lo común, el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, selló un pacto para hacer más flexible el sistema de pensiones en el Palacio de la Moncloa, junto a los líderes sindicales y empresariales. Esta firma se realizó en la mañana, poniendo fin al trato alcanzado en julio por la Seguridad Social y los agentes sociales.
El acuerdo permite combinar el trabajo con la pensión, introduce modificaciones en la jubilación tardía y activa, otorga mayor relevancia a las mutuas en el manejo de las bajas laborales y regula la jubilación de los oficios duros.
En la ceremonia, además de Sánchez, participaron Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, Pepe Álvarez, secretario general de UGT, y Unai Sordo, secretario general de CC.OO..
Elma Saiz, ministra de Inclusión y Seguridad Social, también hizo acto de presencia.
Sánchez calificó el acuerdo como «duradero», enfatizando que es el resultado de «buenas políticas» y que «apoya una sociedad más justa». Además, el presidente subrayó la importancia del diálogo social, resaltando que es el cuarto acuerdo en materia de pensiones que firma y uno de los 21 grandes acuerdos logrados en el marco del diálogo. Sin embargo, es importante recordar que la mayoría de estos acuerdos fueron producto de la pandemia y que, a pesar de un auge con la reforma laboral, su eficacia ha disminuido, especialmente debido a un mayor alejamiento con los líderes empresariales. Por ejemplo, este último acuerdo sobre pensiones es uno de los más importantes donde todos estuvieron presentes, pero en temas como la reducción de jornada laboral, que se discutirá de nuevo mañana, las relaciones son más tensas.
La imagen del día representa un cierre sofisticado para un trato entre el Gobierno y las entidades sociales, aunque no es el último paso. Después de pactar con los sindicatos y empleadores, la mayor parte de esta reforma debe ser validada por el parlamento, donde ya se empezaron a oír protestas. Partidos que suelen respaldar al gobierno como Esquerra, Bildu y BNG han expresado sus desacuerdos, tanto en procedimiento como en materia de contenido.
En cuanto al procedimiento, denuncian refiriéndose a que no están siendo consultados y que se les informa una vez que las decisiones ya están tomadas, como lo afirma Jordi Salvador, de ERC. De contenido, debate la función de las mutuas que ven como una estrategia de beneficiar al sector privado, una labor que debería realizar la sanidad pública. Discrepan también en los incentivos para extender la edad de jubilación y los descuentos en cotizaciones para las empresas. «Estamos dispuestos a negociar, solo que queremos ser partícipes de ello», afirma Salvador.
No obstante, no todo lo acordado tiene que ser aprobado por el parlamento. La mayor presencia de las mutuas se administra por convenios con las regiones autónomas, y los coeficientes reductores de trabajos penosos se procesarán a través de regulaciones, sin necesidad de ser aprobados por los parlamentarios.
Cuando la reforma laboral fue presentada ante el parlamento, no se daba la opción a los grupos de hacer cambios, lo que provocó críticas y malestar. Eso no sucederá esta vez, y se espera que el ejecutivo esté dispuesto a acordar cambios, siempre y cuando se mantengan dentro de los pactos previos con las entidades sociales.
