A partir del primer día de octubre, un nuevo reglamento de registro de turistas, estipulado por el Real Decreto 933/2021, será de obligatorio cumplimiento para entidades turísticas como agencias de viajes, hoteleros, empresas de alquiler de coches y administradores de casas de campo.
Este nuevo reglamento requiere la recopilación y comunicación de datos detallados al Ministerio del Interior, que excede la información contenida en los documentos de identidad (como DNI y pasaporte) que eran requeridos hasta ahora. Se requieren hasta 18 nuevos detalles de los clientes, independientemente de que sean nacionales o extranjeros.
Agencias de viajes y hoteleros predicen que esta nueva obligación causará un «caos» en la gestión de los establecimientos y las empresas, pudiendo comprometer seriamente la supervivencia de la industria turística. Los datos a recopilar incluyen información sensible como métodos de pago, detalles de transacciones económicas, detalles contractuales, dirección actualizada, número de teléfono móvil y correo electrónico del usuario. Estos datos deben ser recopilados manualmente, lo que genera un gran potencial para errores.
Posteriormente, estos datos deben ser registrados también de forma manual en una plataforma del Ministerio del Interior, que según la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (CEHAT), es tremendamente ineficaz, complicando enormemente la recopilación y transmisión de estos datos.
Además, la recopilación y verificación de algunos de estos datos, según los hoteleros, es imposible. Como ejemplo, mencionan los detalles bancarios, que se gestionan a través de un TPV o una plataforma de pago, y de los que ni siquiera poseen el control o el conocimiento.
El Real Decreto justifica estos requerimientos argumentando que actualmente, los principales ataques a la seguridad ciudadana provienen tanto del terrorismo como del crimen organizado.
La organización del alojamiento y el arrendamiento o uso de vehículos con motor son factores destacados en la actualidad, gestionados por medio de numerosos canales. Por esto, es imprescindible desarrollar eficientes herramientas de control. Según una declaración del ministerio, las precedentes regulaciones tienen más de dos décadas vigentes y por ende, no incluyen a las «nuevas formas de hospedaje, como las casas turísticas de alquiler a corto plazo» dentro de las obligaciones de informar los datos. Además, no proporcionan a las autoridades de seguridad «todos los datos disponibles necesarios para ejecutar sus funciones de prevención y protección». Según fuentes del ministerio, ya se han concedido varias prórrogas para que la industria se ajuste y cumpla con esta obligación. A pesar de que la plataforma tecnológica estuvo lista en enero de 2023 según el ministerio, se otorgó una primera prórroga hasta junio del mismo año, luego otra hasta enero de 2024 y una última que finaliza el 1 de octubre próximo. Asimismo, las asociaciones de agencias de viajes CEAV, UNAV, Acave y Fetave, han pedido en varias reuniones con el ministerio la exclusión del sector del ámbito de aplicación de este real decreto, y si no es posible, la publicación de una orden ministerial que limite su aplicación. «La mayoría de las agencias no cuentan con los recursos técnicos ni humanos para cumplir con esta normativa», explican desde CEAV.
