Las trabajadoras domésticas ya cuentan con más derechos. El Gobierno ha ratificado un decreto en el Consejo de Ministros con el fin de mejorar la protección de este grupo, el cual está mayormente subestimado y feminizado con un 90% compuesto por mujeres, mayoritariamente inmigrantes.
Se han introducido dos novedades importantes: la primera es la evaluación de los riesgos asociados a las tareas domésticas, que será responsabilidad de los empleadores, y la segunda, el acceso a chequeos médicos periódicos y sin coste.
«Estas mujeres invisibles, que son pilares fundamentales en nuestras vidas y nos brindan cuidados, hasta hace poco no tenían derechos», comentó la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante la presentación del decreto.
El decreto también se orienta a garantizar a estas trabajadoras un ambiente seguro en sus labores. Por tal motivo, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) proporcionará una herramienta online sin coste a todos los empleadores, para que puedan analizar las tareas y riesgos asociados. Además, este mismo instituto preparará una guía detallada para la prevención de riesgos laborales y proporcionará un “Protocolo en caso de acoso” a las trabajadoras.
Uno de los puntos importantes es que las trabajadoras tendrán acceso a exámenes médicos regulares y gratuitos a través del Sistema Nacional de Salud, sin imponer ningún costo adicional sobre los empleadores.
El decreto también establece la posibilidad para las trabajadoras de suspender sus actividades si consideran que existe un peligro grave e inminente, sin sufrir ninguna repercusión por ello.
Este colectivo requiere una regulación específica debido a sus particularidades, teniendo en cuenta que su trabajo se realiza en hogares particulares sin entidad empresarial, en un ambiente privado y en muchos casos, trabajando para diferentes empleadores.
El sector de empleadas domésticas está representado en un 90% por el género femenino, con un 45% de estas siendo migrantes, y están predominantemente distribuidas en Madrid y Cataluña. En términos numéricos, suman alrededor de 595.000, de acuerdo a los datos del segundo trimestre del presente año de la Encuesta de Población Activa (EPA). De este total, la gran mayoría son mujeres, unas 521.000, en contraste con los hombres quienes son solo 73.000. Sin embargo, estos números son menores cuando se observan los datos de afiliados, en parte porque no incluyen el empleo no registrado, que es considerable en este sector. Para agosto de este año, los afiliados eran 360.000, de los cuales 344.000 eran mujeres.
El Ministerio de Trabajo considera que esta norma corrige una desigualdad histórica para este grupo, que ha sido tradicionalmente subestimado socialmente y que, a causa de la regulación especial de contratación más flexible que tiene, se ha excluido de ciertos beneficios de la protección social. Varias de estas medidas se han corregido, como el reconocimiento del derecho a cotizar para la prestación de desempleo.
