Ayuso se cubre con la bandera catalana

En las últimas semanas, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se ha posicionado como la más feraz opositora del acuerdo catalán sobre financiación única. Su fervor por liderar la oposición al acuerdo independentista la ha ocasionado algún traspiés al instar a los demás líderes regionales del PP a rechazar reuniones privadas con Pedro Sánchez por temor a posibles «sobornos».

Al parecer, Ayuso desconfía de sus camaradas de partido, ¿acaso sospecha que pudieran ceder a la corrupción? En su opinión, sería mejor mantenerlos alejados de Moncloa. Al menos la mitad de ellos ya ha dejado claro que no tiene intención de seguir su consejo y se resisten a aceptar un liderazgo que ninguno de ellos ha propuesto.

De hecho, existe una rivalidad entre algunos de los líderes regionales del PP que buscan competir con Ayuso en lugar de seguirla. Cabe mencionar que el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, propuso la eliminación del impuesto sobre el patrimonio en su comunidad hace dos años como una forma de «competir con Madrid». La mayoría de los líderes regionales del partido saben que el riesgo para sus economías e ingresos no sólo es el posible acuerdo catalán. Está bien documentado, con una avalancha de estudios de diferentes entidades, que la primera amenaza para sus regiones es la comunidad de Madrid, que crece a expensas del resto. Ayuso busca frenar esta alarmante tendencia y potencial identificación de los problemas financieros reales de las comunidades que la propuesta de cambio de Barcelona podría desencadenar. El problema de financiación autonómica radica en Madrid, a la que se dirigen todos los excedentes de los demás territorios. Y Catalunya simplemente busca liberarse de esta carga.

Ayuso, para conservar la cortina de humo, se arropa en la senyera catalana, agitándola frenéticamente frente a la mirada cada más incrédula de los demás líderes del PP. Su objetivo es dirigir su atención hacia un supuesto culpable, evitando que investiguen en profundidad los movimientos económicos de la capital. La verdadera incertidumbre sobre la financiación autonómica no radica en Cataluña, sino en la relación entre Madrid y el estado. La mayoría sigue oficialmente el rumbo trazado por Alberto Núñez Feijóo, promoviendo un discurso de confrontación absoluta con el pacto entre los socialistas y los republicanos. Sin embargo, todos los interesados son conscientes de que esta postura sólo durará hasta que el ministerio de Hacienda presente propuestas sólidas y específicas. ¿Cuántos presidentes autonómicos rechazarán recibir el dinero recaudado con anticipación para financiar a sus gobiernos, prefiriendo que los técnicos de Hacienda de Madrid hagan una proyección de sus ingresos y sus necesidades de gasto, que siempre llegan tarde, insuficientes y mal? En el último decenio, si las comunidades autónomas hubieran conseguido mantener el mismo ritmo de crecimiento de sus ingresos que el Estado, habrían obtenido más de 115.000 millones adicionales. ¿Rechazará Carlos Mazón, el presidente de la Comunidad Valenciana que demanda una quita del 90% de la deuda del FLA, la oportunidad de aliviar la escasez financiera de su comunidad y alterar las antiguas jerarquías, si se desecha la propuesta catalana? ¿Quién se resistirá a la posibilidad de tener un papel activo en la supervisión y gestión de los recursos generados en su propia comunidad? ¿Podrá Ayuso impedir que los líderes de su partido descubran los beneficios del nuevo plan? Ayuso es quien más precisa que se mantenga el actual estado de cosas y hará todo lo posible para torpedear las negociaciones. Sus intenciones son comprensibles.

¿Por qué modificar la situación si cada año pueden ratificar una reducción de los impuestos y preservar la menor presión fiscal de España, a pesar de ser la región más prospera? Incidentalmente, ¿dónde están las quejas por la progresividad fiscal y la solidaridad interterritorial, por la igualdad ciudadana? No escuchamos a aquellos que se oponen a la ordinalidad de las comunidades autónomas, abogada en el pacto entre PSC y ERC, ya que no sería progresiva, y permanecen en silencio cuando los habitantes de La Moraleja, con considerables patrimonios y altos ingresos, retienen casi todos sus beneficios sin contribuir a sus conciudadanos madrileños, mucho menos al resto del país. El debate sobre el nuevo modelo ofrece una excelente oportunidad para examinar en detalle los defectos y problemas identificados hasta la fecha. Y los beneficios no reconocidos de la capitalidad de Madrid, que se presentan como virtudes para criticar a los demás por sus bajos rendimientos, son uno de los principales. Hacienda tiene la capacidad para esclarecer las formas en las que Madrid acumula las ganancias de otras regiones. Sin embargo, las debilidades políticas y parlamentarias del gobierno de Sánchez inhiben el optimismo. La mayoría de las comunidades, como Cataluña, tienen una financiación insuficiente y la solución no está en oprimir a las pocas que contribuyen al resto según el modelo actual. Se encargan de la mayor parte de los costes de los servicios sociales, pero solo gestionan una parte insuficiente de los ingresos necesarios para cubrirlos. Su única opción es recurrir de manera infantil al gobierno central para solicitar más fondos, una práctica que crea dependencia financiera y política y desanima la responsabilidad fiscal. La única forma de avanzar en lo acordado en Cataluña es que el estado renuncie a gran parte de sus prerrogativas fiscales y sus gastos para permitir la expansión del ámbito autonómico. Un estado en declive, concentrado en lo que las comunidades autónomas no hacen.

En su cuestionado discurso de esta semana, Pedro Sánchez publicó un plan que, en la mejor de las circunstancias, podría etiquetarse como simbólico. Propuso duplicar la cuantía del fondo Interterritorial de Compensación para fomentar el crecimiento de las regiones con menor ingreso, un fondo que solo cuenta con 500 millones de euros en la actualidad. Sin embargo, el punto crucial de su mensaje es el siguiente: es esencial que el Gobierno tome la iniciativa en provocar este cambio, proporcionando más fondos y esclareciendo con total transparencia la situación financiera de todas las regiones.