La falta de eficiencia en la implementación de planes nacionales de reforma e inversión podría debilitar la eficacia del Fondo Europeo de Recuperación y Resiliencia, por lo que el Tribunal de Cuentas de la Unión Europea lanzó una advertencia al respecto en su evaluación más reciente.
Este fondo, que posee casi 800,000 millones de euros, tiene como finalidad asistir a los Estados miembros a mitigar los efectos de la pandemia de COVID-19 y modernizar sus economías. Sin embargo, el equipo de auditores europeos duda que pueda alcanzar sus metas.
Así, han sugerido a la Comisión Europea tomar acciones para garantizar su cumplimiento, como solicitar la devolución de los proyectos nacionales incompletos. Aunque Bruselas admite que hay oportunidades de mejora, atribuyen los problemas encontrados a la inflación y a la crisis energética provocada por el conflicto en Ucrania a la vez que defienden este modelo. Por otra parte, la administración de Ursula von der Leyen considera lanzar otro instrumento similar durante la próxima legislatura y aplicar este enfoque a su política de cohesión. Además de criticar las demoras en la implementación del plan, el Tribunal de Cuentas requiere que no se financien proyectos no concluidos. Hasta finales de 2023, solo 213,000 millones de euros, esto es, menos de un tercio del total, se habían traspasado a las tesorerías nacionales, cifra denunciada por los auditores, quienes también indican que solo el 30% de las metas e hitos propuestos se habían alcanzado hasta ese punto. El informe también señala que los fondos no han llegado necesariamente a los beneficiarios finales, tales como empresas privadas, compañías públicas de energía y escuelas, y solicita a Bruselas unificar la definición de este término para tener un control más claro de la situación.
El nivel de financiación entregada de España supera al promedio europeo (46% frente al 37%) y también en las metas alcanzadas (29% frente al 19%). No obstante, en el reciente año se ha observado una disminución en la velocidad de solicitud de pagos y ejecución del plan. En contraste con España, Italia ha incrementado su ritmo de solicitudes de pago en respuesta a las reformas. Bélgica, Finlandia, Hungría, Países Bajos, Polonia y Suecia, por otro lado, aún no han recibido nada del Fondo, en algunos casos debido a falta de interés político. El Tribunal advierte que el tiempo se reduce.
A pesar de que la Comisión pueda incrementar el ritmo de pagos, los estados miembros podrían fallar en utilizar los fondos a tiempo y en implementar las medidas antes de su vencimiento, establecido para agosto del 2026. A diferencia de otros recursos financieros, como los apoyos de cohesión, no se anticipa una extensión. Por consiguiente, los beneficios económicos y sociales del plan podrían no ser alcanzados.
Ivana Maletić, miembro del Tribunal encargado de la auditoría, señala que el uso puntual de los fondos es crucial para evitar retrasos en la ejecución de medidas al final del período y «minimizar el riesgo de gastos ineficaces y erróneos». El informe también critica que el Fondo carece de mecanismos para recuperar las «sumas significativas» entregadas para financiar proyectos que pueden resultar «incompletos» y demanda «insistir en la conclusión de las medidas», y diseñar mecanismos para mitigar este riesgo probable. A este respecto, la Comisión tiene una perspectiva diferente, enfatizando que la regulación se enfoca en supervisar metas y «premiar los avances».