«Los catalanes no se apropian de las pensiones porque les va mal, tienen déficit», es una contundente sentencia arrojada como un misil contra el pacto entre el PSC y ERC por un reconocido economista, muy activo en las redes sociales y con frecuencia aparece en debates y entrevistas televisivas.
Sin embargo, esta afirmación no se ajusta a la realidad. Al igual que muchas otras hechas recientemente. El acuerdo está siendo demonizado con interpretaciones imaginativas, si no falsas, y una clara falta de respeto por la verdad. No todas son tan fantasiosas como la de las pensiones, pero se acercan bastante.
Se le acusa de acabar con la solidaridad territorial; de asumir los objetivos y conceptos de los independentistas; de convertir a España en una confederación y de desmantelar el Estado. No es un secreto que este argumento sirve a las aspiraciones políticas que recurren a prejuicios casi ancestrales para asegurar la lealtad electoral. En realidad, la especificidad del resultado final del acuerdo está en suspenso hasta que se llegue a un pacto definitivo entre la Generalitat de Salvador Illa y el Gobierno central de Pedro Sánchez, con la ayuda de los equipos de Alicia Romero, consellera de Economía y María Jesús Montero, vicepresidenta y ministra de Hacienda. El llamado concierto establece que el País Vasco «puede mantener, establecer y regular su propio sistema de impuestos». Define el pacto que regula las relaciones financieras entre el Estado y el País Vasco, reconociendo que «las instituciones competentes de los territorios históricos del País Vasco pueden mantener, establecer y regular su propio sistema de impuestos». Posteriormente, estas instituciones entregan al Estado la cantidad correspondiente a sus gastos no asumidos por el Gobierno vasco, esto es, el cupo. Este se determina como un porcentaje del volumen económico del País Vasco y no es el resultado de un cálculo preciso de los gastos del Estado, ni hace referencia a la solidaridad interterritorial.
Dando un paso atrás en la historia hasta 1899, el concierto económico catalán originó la primera rebelión de la burguesía catalana contra las finanzas españolas, más conocida como el “tancament de caixes”. Fue una agitación intensa pero no separatista. Esta demanda pasó desapercibida tras la Guerra Civil, resurgiendo con el proceso independentista tras 2012, cuando Artur Mas, entonces líder de la Generalitat, la reintrodujo como pacto fiscal, un término que Mariano Rajoy desechó.
Pero, apartando la historia, ¿qué nos revela el acuerdo entre PSC-ERC? No se hacen referencias a dichas ideas. Indudablemente, no es un descuido, sino una decisión política intencional ya que uno de los firmantes, el partido socialista, no está de acuerdo con estas propuestas. Aunque está lleno de ambigüedades, el documento acredita que la finalidad es que sea la Generalitat quien administre, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos en Catalunya. Sin embargo, también establece que la contribución catalana a los gastos del Estado se definirá a través de una cuota de participación en los impuestos. Queda en duda quién se encargará de la recaudación y si se acordará la cuota de antemano; además, es incierto si el dinero será transferido directamente a las cuentas del Estado sin pasar por las de la Generalitat. Mientras que los socialistas prefieren una interpretación que se acerca más a este último punto, los republicanos optan por el contrario. Este será sin duda uno de los aspectos principales de las próximas negociaciones.
El déficit fiscal se menciona en el pacto como “contribución a todas las cargas del Estado que no asuma” el País Vasco. A pesar de ser un criterio habitualmente empleado por el independentismo, no aparece en el acuerdo.
La discrepancia negativa para Catalunya radica en la cantidad de aportaciones fiscales que proporciona al Estado, versus lo que recibe en inversión del mismo gobierno a través de gastos en la comunidad, inclusive en inversiones, servicios públicos y variadas prestaciones. La demanda de un pacto fiscal, al igual que el anterior concierto económico, se deriva de la suposición de que Catalunya sufre de un déficit fiscal endémico. Esta teoría ha sido férreamente apoyada por grupos independentistas, pero nunca aceptada por socialistas. En consecuencia, el documento entre PSC y ERC emplea un término menos específico: subfinanciación. En ninguna instancia se propone una meta concreta de disminución del déficit fiscal o para lograr financiamiento justo o adecuado.
Con respecto al término “Confederal”, el texto catalán dicta que el cálculo del gasto estatal deberá ser exacto y se representará como porcentaje sobre los ingresos.
Una controversia significativa alega que el pacto fiscal entre PSC y ERC daría paso a una realidad confederal. Término promovido por ejemplos como el de Josep Borrell quien tras una entrevista en El País afirmó que con este acuerdo, Catalunya se incorporaría al “sistema del concierto», convirtiendo el esquema «más confederal que federal”. Los estados preexistentes o independientes sedan ciertas competencias a través de un tratado para formar una confederación, que no tiene autoridad sobre los ciudadanos de cada estado integrante. En cambio, en un estado federal, la federación o el Estado central posee el supremo poder y tiene competencias exclusivas por encima de los territorios a los que otras competencias han sido descentralizadas.
La principal crítica al concierto vasco hasta ahora no era su posible carácter confederal, sino su supuesta falta de solidaridad, dado que la contribución a las cuentas del Estado no estaría vinculada, en la práctica, con la provisión de recursos para las comunidades más pobres o menos desarrolladas.
Reformulando el pacto PSC-ERC, éste no admite ninguna cesión de responsabilidades del Estado, incluso se mencionan las que tomaría finalmente la Agència Tributària de Catalunya. A pesar de las modificaciones al Estatut por el Tribunal Constitucional, se acepta que la Generalitat podría recibir «la delegación de las funciones de gestión, recaudación, liquidación e inspección» – redacción que se mantiene en el pacto – a través de un consorcio entre la AEAT y la AT. El documento firmado cita dos artículos del Estatut que establecen la cooperación entre las dos agencias tributarias.
El texto menciona el método habitual, hasta ahora, de todos los pactos de financiación autonómica: la negociación multilateral y simultánea entre el Estado y todas las comunidades, en el que los acuerdos dependen de su implementación equitativa. Este sistema complica que una comunidad pueda proponer y satisfacer sus necesidades particulares o sus metas individuales. Catalunya, la comunidad más activa en este campo, ha sido sujeta a críticas agudas cuando ha sugerido cambios de modelo a lo largo de los años. En última instancia, todas las comunidades recogen las mejoras, aunque vigilan atentamente lo que los catalanes han conseguido. Sin embargo, es comprensible la resistencia de las otras comunidades a aceptar un marco de negociación en el que no están integradas. El déficit catalán de las pensiones ya se incluye en todos los cálculos de los gastos estatales en la comunidad. El pacto permite la bilateralidad, la negociación entre el Estado y la Generalitat.
De igual manera, este es el inicio de un modelo único, apto para necesidades o servicios particulares, donde se sugiere que para efectuar cambios, la Generalitat no debería adherirse al complicado proceso de negociación multilateral. Capacidad legislativa La renuncia del Estado Un aspecto cuestionado en el acuerdo y que resalta su naturaleza confederal es que confiere a la Generalitat la capacidad legislativa, la habilidad de definir las normas, en todos los impuestos. Los críticos sostienen que podría ampliar la inequidad fiscal. El documento, sin embargo, no menciona ninguna renuncia del Estado a sus impuestos ni sugiere dar carta abierta legal a la Generalitat. Se introducen referencias genéricas, jamás de metas totales, a que «es necesario incrementar considerablemente y de manera escalada la capacidad legislativa en todos los tributos generados en Catalunya» o «ampliar significativamente» esta competencia. Sin embargo, siempre en el marco de «coordinación con el Estado y la Unión Europea». En otras palabras, no se considera que el papel del primero disminuya o deje de existir y se restringe según lo que el Estado aplique. Las pensiones La gran mentira Catalunya se olvida de las pensiones. Algunos analistas y supuestos expertos han acusado al acuerdo de ignorar el cálculo del gasto en pensiones al discutir el nuevo modelo de financiamiento. Esto es completamente falso. Catalunya conserva un déficit, entre lo que contribuye a la Seguridad Social a través de las cotizaciones sociales y lo que recibe, sobre todo en pensiones de jubilación. En 2021, el último año publicado por el Ministerio de Hacienda, fue de 4.370 millones.
La Generalitat ya había proyectado 4.000 millones en su cálculo de déficit fiscal para 2019, al igual que suelen hacer todos los expertos en el campo. A esto se suma que Catalunya, en su presupuesto de gastos del Estado para 2021, informó que se estimaba en 14.631 millones. Algo que plantea inquietudes es el principio de ordinalidad, que sugiere que una vez distribuidos los fondos solidarios, la región que más contribuye al sistema compartido no quedará en una posición inferior a las regiones receptoras. En relación al acuerdo PSC-ERC, los críticos predominantes sostienen que este principio erosiona la solidaridad interregional. Es una declaración atrevida, considerando que podría resultar en una reducción parcial de la contribución de Catalunya, la cual debería o podría ser compensada por el Estado. Sin embargo, esto no implicaría necesariamente la extinción de la solidaridad interregional. Tomando un caso extremo, si Catalunya recibiera tan solo un euro más que las regiones receptoras, aún se mantendría la ordinalidad. El efecto sobre el sistema sería mínimo, pero se mantendría la letra del acuerdo, aunque no su espíritu. No obstante, el acuerdo también propone un compromiso en dirección opuesta, asegurando que cualquier nuevo modelo debe garantizar que la aportación de Catalunya contribuya a la solidaridad con las demás autonomías, de forma que los servicios proporcionados por los diversos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan ser equiparables, siempre que también se realice un esfuerzo fiscal equivalente. Este es precisamente el principio fundamental de igualdad que guía el actual sistema de financiamiento autonómico, que por cierto, no se ha logrado con el modelo actual, pese a la falta de objeciones. Esto plantea una desigualdad como una realidad incuestionable del sistema actual.
La política fiscal altamente favorable de Madrid para los ingresos más altos es claramente evidente. Para concluir, podemos retomar las ideas del economista mencionado al inicio. Este se cuestionaba acerca de la repercusión en caso de que los ricos de La Moraleja de Madrid decidieran retener sus ingresos en lugar de distribuirlos entre el resto de los ciudadanos madrileños. De hecho, esta es la situación actual, facilitada por el benevolente sistema de tributación de Madrid, un sistema sin igual en toda España, que les exime de varios impuestos que, notablemente, se aplican en Cataluña.
