Según un informe reciente de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el gasto en intereses de la deuda de las comunidades autónomas españolas ha aumentado enormemente desde que el Banco Central Europeo (BCE) adoptó una política monetaria más estricta en 2022.
Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana son las regiones que más fondos asignarán a esta obligación en el próximo año, con 1.918 millones de euros, 1.321 millones y 1.172 millones, respectivamente. Fedea advierte que, si no se logra reducir la deuda autonómica, los gastos en intereses aumentarán a 2.957 millones de euros para Cataluña, 1.893 millones para la Comunidad Valenciana y 1.594 millones para Madrid en 2027.
Este incremento se atribuye al notable aumento de las tasas de interés y al alto nivel de deuda. Para minimizar el impacto en las finanzas públicas, Fedea sugiere implementar un proceso de consolidación fiscal en los próximos años para lograr un nivel de deuda del 13% del PIB, como lo establece la ley. De no hacerse, la cantidad destinada al pago de intereses se multiplicará por tres entre 2022 y 2027, llegando a 12.037 millones de euros. Comunidades como la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Canarias y La Rioja podrían enfrentar aumentos de incluso más del 400%, mientras que en Cataluña y Madrid, los incrementos serían del 187% y 109% respectivamente. Fedea ha hecho estas estimaciones basándose en pronósticos oficiales y en supuestos que considera «conservadores».
Durante el período 2022-2027, se prevé un incremento en la deuda pública de las regiones autónomas hasta alcanzar los 28.351 millones de euros. La fundación Fedea asume que estas regiones cumplirán con las metas de déficit fijadas por el gobierno, que se sitúan en el 0,1% para el período 2025-2027. Sin embargo, estima que para el presente año, el déficit será del 0,3%, tal como lo ha proyectado la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal de España (AIReF).
Además, el estudio señala que el aumento del tipo medio de la deuda, la cual ha duplicado aproximadamente en los últimos dos años al pasar de 1,1% a 2,1%, será mayor en las regiones que han recurrido al Fondo de Liquidez Autonómica y Facilidad Financiera que en aquellas como Navarra, País Vasco y la Comunidad de Madrid que no han necesitado estos recursos excepcionales.
El informe, elaborado por los investigadores de Fedea, Manuel Díaz y Carmen Marín, advierte que las regiones autónomas deben prepararse para una consolidación fiscal en los meses venideros para cumplir con las nuevas reglas fiscales acordadas con la Unión Europea.
Además, Fedea sostiene que todas las administraciones deben ser conscientes de que emprender recortes fiscales significativos y proyectos de gasto con una rentabilidad social dudosa, puede impactar la sostenibilidad de sus finanzas. Asegura que dada la situación de alto déficit estructural de las regiones autónomas, es prioritario establecer una estrategia fiscal creíble a medio plazo que garantice la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Según las estimaciones de la institución, el monto total de la deuda pública experimentará un incremento de 28.351 millones de euros en el periodo 2022-2027. Esta proyección se debe a un crecimiento observado de 8.145 millones de euros entre 2022 y 2023, la financiación requerida para cubrir el déficit previsto para 2024 y los déficit no resueltos de años anteriores que suman 11.353 millones de euros, el pago pendiente de las liquidaciones de 2008 y 2009 que fueron aplazadas por veinte años (3.774 millones de euros), y la financiación necesaria para cubrir los déficit proyectados para los años 2025-2027 (5.079 millones de euros). Como resultado, se espera que la deuda pública se eleve a 345.440 millones de euros en 2027. Por otro lado, la proporción de deuda con respecto al PIB podría decrecer al 19,6% en 2027, desde el 23,9% en 2022, considerando las expectativas de mejora en el crecimiento de la economía española según las proyecciones gubernamentales.
