Las empresas de electricidad han expresado su oposición al planteamiento del Gobierno de prohibir la publicidad y la contratación de servicios de luz y gas por teléfono a menos que el cliente potencial lo autorice previamente. Argumentan que esto limita la capacidad de elección de los consumidores y restringe su acceso a diferentes ofertas, beneficiando a las grandes corporaciones energéticas que actualmente dominan la mayor parte del mercado en España, y obstaculizando la competencia en el mercado liberalizado.
Varios altos ejecutivos de estas empresas coinciden en que «la prohibición no es la solución» y que dichas restricciones, aunque pretenden proteger al consumidor, pueden terminar teniendo el efecto opuesto, socavando su libertad de elección y favoreciendo a los grandes grupos energéticos.
En respuesta a un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre malas prácticas en la adquisición de clientes y deficiencias en el proceso de contratación, el Gobierno ha sugerido prohibir estas llamadas telefónicas. Emilio Rousaud, CEO de Factorenergia, sostiene que es posible proteger al consumidor regulando debidamente, sin necesidad de prohibir las actividades de comercialización. Destaca que esa via puede ser peligrosa, ya que puede terminar restringiendo todas las opciones y convirtiendo el mercado liberalizado en algo ficticio. La empresa que él dirige fue la primera autorizada para operar en el mercado eléctrico cuando se liberalizó. Por otro lado, Ignacio Soneira, CEO de Axpo Iberia, advierte que si se restringe la captación de clientes, eso favorece a las empresas que ya tienen una cuota importante del mercado, aproximadamente el 90% en manos de tres o cuatro grandes compañías. Resalta que la prohibición del contacto directo con los clientes o las llamadas telefónicas supondría un problema, puesto que los costos de adquisición son muy elevados.
Antonio Colino, el director general de Plenitude Iberia, advirtió acerca de los efectos nocivos que podrían surgir al limitar las opciones accesibles para los clientes, ya que la sobreprotección puede conllevar un aumento en los costos. Algo similar fue expresado por Jorge González Cortés, vicepresidente de Gesternova, una empresa con casi dos décadas en el sector. González Cortés destacó que después de 30 años, los comercializadores autónomos solo alcanzan un 12% de la cuota de mercado, lo que implica que las restricciones muchas veces terminan siendo pagadas por el consumidor final. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha resaltado en repetidas ocasiones la alta concentración a favor de los conglomerados integrados verticalmente en España, cuestionando la relación endogámica existente, especialmente entre la producción y venta de electricidad, que beneficia a estos grupos en detrimento de los comercializadores independientes.
