La cuestión de la vivienda es una preocupación constante para la gente y, hasta ahora, no se ha implementado una estrategia eficaz que se vislumbre como una solución satisfactoria al problema. Varias asociaciones profesionales en Catalunya (incluyendo abogados, procuradores, administradores de propiedades, agentes inmobiliarios y notarios) se han unido con la intención de corregir el curso del debate y desmentir ciertos mitos que están transformando el dilema de la vivienda en un asunto sin solución posible.
Esto se debe a que la demonización de la posesión y del dueño de propiedades ha limitado el crecimiento del mercado inmobiliario, aumentando la presión en dicho mercado. Debemos considerar cuáles deberían ser los cimientos para una solución lógica y sensata.
La primera obligación es garantizar la seguridad del desamparado asegurándole un hogar adecuado, tarea que recae sobre las autoridades y no en los ciudadanos. En segundo lugar, la propiedad es un derecho establecido en la constitución y merece salvaguardarse. Así, el dueño tiene la libertad de determinar el uso de su hogar, eligiendo alquilarla si la política de alquiler es favorable, o mantenerla cerrada si no lo es. En tercer lugar, la posesión es resultado directo de la propiedad, por lo que la ocupación ilícita o la demora en el desalojo por impago de rentas no debe permitirse. Los dueños también gozan del derecho a protección jurídica efectiva.
La cuarta obligación es proporcionar terreno para construcción para incrementar la oferta y lograr precios accesibles, siempre regulada y balanceada para evitar situaciones como la de 2008. Esto exige un plan territorial ambicioso que tenga en cuenta las consecuencias de una oferta excesiva, acompañado de una importante simplificación administrativa e incluyendo infraestructuras. Dicho plan debería cubrir la mayor extensión geográfica posible.
Pero de todo lo anterior, lo más crucial para el sector inmobiliario es la seguridad jurídica. Al adquirir una propiedad, el sistema español es ejemplar en la confianza que brinda. La titularidad del comprador siempre está garantizada. No obstante, durante el periodo en el que la propiedad tiene que ejercer sus efectos, sufre numerosos ataques, muchos de los cuales provienen de la legislación que debería proteger la seguridad jurídica del propietario, permitiendo una planificación a medio o largo plazo en la gestión de sus derechos y rendimientos económicos. Es imprescindible garantizar la seguridad del desprotegido al preservar la seguridad jurídica.
La construcción de las viviendas requeridas para cumplir con el derecho de los ciudadanos no puede ser cubierta solo con inversión pública. Es fundamental que las leyes proporcionen certidumbre y aseguren un estado legal atractivo para los inversores, evitando que los dueños comunes teman alquilar sus propiedades. El desprecio de estos asuntos puede desencadenar en desintegración social y en un resentimiento masivo, pudiendo obstaculizar o interrumpir la armoniosa coexistencia de los ciudadanos. Se necesita una solución urgente.
