Incrementar la vida laboral mediante la posposición de la edad de retiro, es una estrategia que varios países están implementando para asegurar la estabilidad financiera de las pensiones. En particular, en España, desde 2022 se han implementado sanciones para los que se jubilan antes de tiempo y estímulos para quienes deciden postergarla, y estos ya están teniendo un impacto.
Estadísticas de la Seguridad Social muestran que las jubilaciones anticipadas ya son menos del 30% de las nuevas altas en los primeros siete meses del año, comparado con el 40% que era en 2019. Sin embargo, este procedimiento tiene un costo en términos de salud y efectos en la esperanza de vida, según un estudio de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea).
En el estudio se menciona que retrasar un año la jubilación aumenta considerablemente el riesgo de fallecimiento entre los 60 y 69 años, con un incremento de 4.4 puntos porcentuales, que representan un aumento relativo del 38% en este grupo de edad. Cabe destacar que el riesgo no se distribuye por igual, ya que en gran medida depende de la industria a la que pertenecen los trabajadores y de la demanda física de su trabajo. Las ocupaciones con mayor exigencia física y niveles altos de estrés emocional y mental son las que concentran este riesgo de aumento de mortalidad. Por otra parte, este riesgo disminuye en personas que pueden acceder a las pensiones parciales que les permiten disminuir su jornada laboral a partir de cierta edad. El estudio se basa en un experimento generado por una reforma del 1967 en España que endureció el acceso a la jubilación anticipada para ciertos trabajadores, modificando la edad en función de cuándo empezaron a cotizar. A partir de ahí, se examinan los efectos de dicha reforma sobre la edad de retiro, y como este afecta la mortalidad en edades cercanas a la jubilación.
Los escritores también señalan que conceder a los empleados la posibilidad de reducir paulatinamente su tiempo de trabajo puede propiciar una vida laboral más larga sin perjudicar su longevidad. Sin embargo, la conclusión es que posponer la edad de retiro incrementa la posibilidad de morir, y por ende, el efecto adverso que esta acción tiene sobre la expectativa de vida supera las ganancias tributarias derivadas de trabajar por más tiempo. Así, los ahorros tributarios conseguidos al postergar el retiro y la disminución de los pagos de pensiones, algo que los gobiernos buscan fervorosamente para asegurar la solvencia del sistema, no suplen la disminución de la esperanza de vida. «La reforma no es rentable en un contexto más amplio de bienestar social», sostiene el reporte. A partir de aquí, su consejo es esbozar con meticulosidad las políticas de retiro teniendo en cuenta su impacto en la salud de los empleados. También sugiere la implementación de criterios no uniformes para establecer las edades mínimas de retiro, dado que la carga física, emocional y mental de los diferentes trabajos varía; y simultáneamente, establecer reglas flexibles para el retiro parcial y anticipado, de manera que los trabajadores puedan ajustar sus horas laborales al final de su carrera. Precisamente, en julio el Gobierno firmó un acuerdo con los representantes sociales para reformar los métodos de retiro parcial y activo, mediante unas enmiendas dirigidas a facilitar la conciliación de la pensión con el trabajo. Se alcanzó un acuerdo con los sindicatos y los empleadores, pero los escritores del reporte de Fedea difieren en cuanto a su beneficio económico en un contexto más amplio, es decir, también teniendo en cuenta la expectativa de vida.
