En España, dos problemáticas pasan desapercibidas: la obsolescencia de la flota automotriz (con mayores emisiones y accidentes) y el engaño en la distribución de combustibles a gran escala. En el primer cuarto del año, más de 2.000 estaciones de servicio, de 12.000 estimadas a nivel nacional, ofertaban combustibles a costos sospechosamente bajos, provistos por empresas que ignoran la necesidad de integrar biocombustibles a gasolinas y diésel.
Este engaño es llevado a cabo por un conjunto de distribuidores que pretenden vender combustibles a empresas ficticias, creadas específicamente para evitar el pago de impuestos. A continuación, estas empresas ofrecen los combustibles a estaciones de servicio independientes a precios increíblemente bajos.
Pueden costearlo ya que no cubren el IVA en la compra ni ingresan el que generan en la venta. Por último, se esfuman del mercado sin asumir ninguna liquidación ni pagar compensaciones por omitir biocombustibles en sus productos.
La comercialización de combustibles que excluyen biocombustibles es un engaño que nos afecta a todos.
Es un dilema de gran calibre para España con implicancias ambientales y económicas. Por ejemplo, los biocombustibles, que se están desestimando, podrían evitar la emisión de aproximadamente un millón de toneladas anuales de CO2, equivalente a las emisiones que se ahorrarían con 400.000 vehículos eléctricos. Adicionalmente, la evasión del IVA por parte de los distribuidores favorece la venta de combustibles a precios desproporcionadamente bajos, lo que amenaza la existencia de las estaciones de servicio que sí respetan las leyes vigentes.
La evasión fiscal ha restado cientos de millones de euros al Presupuesto del Estado en los dos años más recientes, lo que ha impulsado al Gobierno a implementar tácticas para contrarrestar estas acciones fraudulentas. En lo que respecta a los biocombustibles, el Gobierno ha decidido reducir el periodo de evaluación requerido para las empresas que mezclan estos combustibles con sus productos, de 15 a solo 3 meses y establecerá costosas sanciones para aquellas compañías que no logren cumplir con las cuotas mínimas estipuladas.
Para muchos ciudadanos, esto podría parecer un asunto lejano, sin embargo, esta clase de fraude nos afecta a todos. El estado se ve privado del recaudo de los impuestos necesarios para financiar los servicios públicos; las petroleras que generan empleo para miles de personas ven en peligro su supervivencia debido a la falta de competitividad en los precios; y la sociedad pierde la posibilidad de continuar progresando en la lucha contra las emisiones contaminantes.
Por eso, es esencial que el Gobierno continúe fortaleciendo los métodos de control y asegure la integración de los biocombustibles en los carburantes. En un contexto de lento desarrollo de tecnologías alternativas, como la electrificación o el uso de hidrógeno, parece claro que los motores de combustión -si bien cada vez más eficientes y sostenibles- seguirán siendo una necesidad durante muchos años más. En este marco, estos tipos de combustibles renovables serán nuestras herramientas clave para disminuir las emisiones de CO2.
