El Gobierno español se enfrenta a tres grandes retos económicos en el comienzo de la segunda mitad del año. Primero, y quizás el más fácil de realizar, es la designación del nuevo gobernador del Banco de España, una tarea que oficialmente recae en el presidente del Gobierno y no requiere la aprobación del PP, aunque esto puede aumentar la discordancia existente entre los dos partidos.
Por otro lado, las dos responsabilidades restantes representan un desafío mayor: conseguir la aprobación del presupuesto, ya que las demandas de los partidos Junts y Esquerra podrían complicar el proceso; y reducir la jornada laboral, algo a lo que los empresarios se han mostrado sordos, a pesar de los intentos de la ministra de Empleo, Yolanda Díaz.
La decisión más inmediata será anunciar a quien sucederá a Pablo Hernández de Cos como líder del Banco de España. Margarita Delgado, la subgobernadora actual que desempeña funciones de gobernadora interina, finaliza su mandato el 11 de septiembre. José Luis Escrivá, el ministro actual de Transformación Digital y la Función Pública, parece ser el candidato favorito.
A pesar de haber sido sugerido por el Gobierno, el PP rechazó de inmediato a Escrivá como posible gobernador. La mesa de negociaciones continúa activa, pero no ha habido avances durante el verano. Dentro del PP reconocen que su rechazo a Escrivá perdura, pero siguen dispuestos a negociar. El gobierno por su parte, recalca que el PP no ha declinado la oportunidad de presentar un candidato a subgobernador, lo cual podría abrir la posibilidad a un acuerdo bilateral. Sin embargo, si Escrivá está en la ecuación, es difícil que el PP se una a un consenso, según dicen fuentes del sector.
La elección común se résume a si optan por un rechazo firme, lo cual sería una fuerte estrategia política, robusteciendo su crítica al Gobierno por la falta de consenso, con Cuca Navarro, su representante en el Congreso, siendo una de las más activas en la resistencia a Escrivá. No obstante, esto implicaría la pérdida de la posibilidad de ubicar a un personaje cercano como segundo en el Banco de España, una idea respaldada insistentemente por ciertas fracciones del partido. En cuanto a los presupuestos, el Gobierno enfrenta serios desafíos, a tal punto que ya contempla la posibilidad de aplicar una nueva prórroga. La decisión de Junts en julio de rechazar los parámetros de estabilidad fue una señal de advertencia, la cual precedió al nombramiento de Salvador Illa como presidente de la Generalitat, respaldado por ERC. Ahora, el Gobierno debe reintroducir dichas metas y trabajar con las anteriores, más restrictivas, para formular el presupuesto, si nuevamente son rechazadas. El crucial soporte de Junts y ERC dificulta enormemente la aprobación del nuevo presupuesto. Según el Ministerio de Finanzas, liderado por María Jesús Montero, insisten que a nivel técnico se continúa trabajando fervientemente para tener el nuevo presupuesto listo en enero, pero esto supone un reto azaroso y conflictivo, debido a la disputa interna entre los independentistas y la reestructuración en curso en ERC. Adicionalmente, el 9 de septiembre está previsto un nuevo encuentro que se espera sea definitivo para debatir la reducción de la jornada laboral. En este aspecto, lo más relevante es el cambio brusco de táctica implementado por el Ministerio de Trabajo al, tras ejercer presión para que la CEOE se pronunciara por escrito, ofrecer una extensión de los plazos y una prolongación del periodo de negociación.
Aunque el objetivo final sigue siendo las 37.5 horas laborales, se está buscando adaptarlo por sectores, a pesar de que por ahora, los empresarios han decidido ignorar y rechazar este concepto sin expresar sus planes. Podría existir la posibilidad de que la flexibilidad propuesta por el Ministerio de Trabajo esté intentando persuadir a los empresarios a apoyar la reforma, particularmente durante un complicado proceso legislativo y un acercamiento acelerado al grupo político Junts. Esta nueva táctica del Ministerio de Trabajo, que implica ofrecer una mayor flexibilidad a los empresarios en las negociaciones para reducir las horas de trabajo, ha generado preocupación entre los sindicatos, quienes estaban conformes con la propuesta existente y ahora temen que sea rebajada. Ante la prolongación del proceso y la falta de una fecha específica de finalización, los sindicatos han decidido planificar movilizaciones en septiembre. El objetivo es presionar al gobierno para que no postergue las negociaciones. Tanto CC.OO. como UGT sostienen que si bien es aceptable cierto grado de flexibilidad en los plazos, no están de acuerdo con retrasar la implementación de la reducción de la jornada laboral. Temen que la prolongación de las negociaciones resulte en un retraso de una reforma que consideran de gran significado simbólico. A pesar de los intentos previos de los sindicatos y la patronal de llegar a un acuerdo bilateral en negociaciones paralelas, estas no tuvieron éxito. Por ende, las discusiones principales han tenido lugar en la mesa de diálogo social, que ha incrementado sus reuniones sin lograr un acuerdo hasta ahora.
