El Govern ha tomado sus primeras decisiones y optimistamente, son los primeros aciertos: enfocándose en áreas con más vulnerabilidad social, una acción digna de reconocimiento, ya que acierta en su diagnóstico y deja de lado el inútil argumento con la extrema derecha sobre derechos políticos y sociales.
Si bien es cierto que este debate no puede ser ignorado, es claro que tratar los síntomas como si fueran la enfermedad ha tenido poco efecto. Por eso es apreciable que se resalte la base material que promueve el extremismo: la marginación social, la vivienda y el trabajo de grandes grupos del país, así como la perpetuación de su pobreza.
El comisionado Carles Martí tiene varios problemas que resolver, entre ellos se encuentra la concentración de inmigrantes en ciertos barrios. Según datos del INE, para 2023 en municipios con más de 75,000 habitantes en Catalunya, los nacidos fuera de España representaban casi el 39% de la población en Hospitalet, el 31.5% en Barcelona o el 29% en Santa Coloma de Gramanet; superaban o rondaban el 25% en Girona, Lleida, Manresa, Cornellà de Llobregat y Tarragona; aproximadamente una quinta parte de sus habitantes en Reus, Sant Cugat del Vallès, Badalona, Rubí, Mataró o Terrassa; y, finalmente, un 18% en Sabadell y un 15% en Sant Boi.
Es positivo que el Govern decida enfocar su atención en barrios con alto grado de vulnerabilidad social.
Existen inmigrantes de diversas procedencias y clase social. No es lo mismo un expatriado europeo que trabaja a distancia que alguien que llega desde África o Sudamérica en busca de mejores oportunidades. No obstante, al considerar cifras promedio, en ciertos sectores de los municipios, la densidad poblacional de inmigrantes es necesariamente alta. Esto exige potenciar la integración, lo cual a su vez requiere de una mayor inversión en servicios públicos, educación y combate contra la pobreza.
El segundo aspecto está vinculado al primero: el aumento del costo de alquiler y la dificultad para acceder a viviendas se relaciona en gran medida con la inmigración y la centralización de su demanda de alquiler. Una política de barrios adecuada debería fomentar la disponibilidad de viviendas asequibles.
Finalmente, la concentración de la pobreza. En Catalunya, más del 20% de los hogares viven en la pobreza y en ellos habitan cerca del 30% de los niños del país, lo que está ocasionando una exclusión que en el caso de los inmigrantes es el doble que en los nativos. Se puede prever las implicaciones al relacionar la pobreza y la concentración de inmigración en ciertos ámbitos.
Es saludable dar visibilidad a los problemas sociales y económicos de algunos de nuestros barrios. Es innegable que, para enmendar los déficits acumulados, se necesita implementar una política que persista a lo largo de un largo periodo, que supera una generación. No obstante, es positivo que en este inicio del cuatrienio, se aborde como un tema importante y se tome la iniciativa. Por costoso y complicado que sea, nuestro futuro como sociedad unida depende de ello.
