Foment del Treball, con todo respeto al Tribunal Supremo, cree que ha habido un error al no cumplir con la Ley Orgánica de Amnistía, particularmente en el caso de Carles Puigdemont. La confederación empresarial espera que Puigdemont sea liberado de inmediato una vez que se entregue voluntariamente a la justicia al regresar a España.
Esto beneficiaría la estabilidad política e institucional en Cataluña y en todo el país. Independientemente de las circunstancias que rodean la vuelta de Puigdemont, Foment del Treball enfatiza que las instituciones catalanas deben seguir funcionando sin interrupciones, garantizando un nuevo líder para la Generalitat de Catalunya con el apoyo del parlamento, tal y como indica el estatuto.
Dicho comunicado, escrito con precisión y templanza, fue elaborado por Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, y planeado para ser presentado la mañana del 8 de agosto, después de la confirmación de la detención de Puigdemont al volver a Barcelona. Según fuentes, tanto Salvador Illa, candidato a la presidencia de la Generalitat y posteriormente elegido como presidente, como el mismo Puigdemont, recibieron el texto el día anterior. Esta situación culminó en un día caótico en el que Illa fue electo y Puigdemont decidió evadirse, causando frustración en muchos, especialmente en los jueces Manuel Marchena y Pablo Llarena del Tribunal Supremo. A raíz de estos eventos, el comunicado de Foment no llegó a ser presentado oficialmente.
El texto cuestionaba la interpretación del Tribunal Supremo acerca de la amnistía e instaba a su completa implementación. Esta postura coincidía en gran medida con la de Illa en su discurso de investidura, quien pedía «la total restitución de todos los derechos políticos de todos los ciudadanos y partidos políticos de Cataluña» y una aplicación «rápida, eficiente y sin evasivas» de la ley de amnistía. En aquel momento, el líder socialista no tenía conocimiento, al igual que el resto de los parlamentarios, de lo que ocurría fuera del Parlamento donde Puigdemont supuestamente sería arrestado.
El texto que redactó Sánchez Llibre reflejaba la visión de la élite empresarial sobre el escenario político y su estrategia. Primero, mantener y fortalecer sus vínculos con el líder de Junts, un partido que esperan convertir en el nuevo Convergència de Pujol, ahora que el ‘procés’ ha sido formalmente sepultado. Gracias a esta alianza, la burguesía catalana ha ganado influencia en la política española: debido a los votos de Junts en el Congreso y sobre sus compañeros de la CEOE que son menos operativos en esa área.
La declaración de Foment también pretendía afirmar que la formación de un nuevo Govern de la Generalitat liderado por Salvador Illa es el mejor camino para restablecer la estabilidad que beneficie el clima de negocios, su principal preocupación, al tiempo que evitaría la posible parálisis que conllevarían nuevas elecciones.
Illa y Puigdemont recibieron el documento la víspera del debate para la investidura del primero y el regreso del segundo.
No por nada, el elitismo financiero se ha convertido desde las elecciones en mayo en uno de los principales motores detrás del acuerdo, actuando en secreto y con discreción. A pesar de sus diferencias con el programa económico del nuevo presidente, negociado junto a ERC y los comunes, se muestra satisfecho con el resultado de la investidura.
¿Este análisis ha sufrido cambios tras el regreso y la posterior huida de Puigdemont? No parece que esta sea la conclusión, ya que las comunicaciones con el residente en Waterloo se han mantenido en su ritmo e intensidad habituales antes de su breve visita a Barcelona.
La alta sociedad catalana planea ejercer una influencia variable en cuatro sectores clave. Primero, el Govern de Illa, con quien intentarán llegar a un entendimiento mientras influyen en la política económica para beneficiar sus propios intereses. Se prevén fuertes presiones alrededor de la expansión de El Prat, las infraestructuras y la política fiscal.
Las comunicaciones con el ex presidente continúan a su ritmo habitual y con la misma profundidad antes de su breve visita a Barcelona.
Otro punto clave son Junts y sus siete votos en el congreso, que junto con los del PNV, servirán como una barrera o palanca dependiendo de si se buscan aprobar o bloquear medidas económicas relevantes.
El sector empresarial con mayor actividad política apoya claramente la permanencia de Carles Puigdemont como líder de Junts. Consideran que actualmente es el único líder político capaz de mantener la cohesión de las amplias y diversas facciones que forman parte del partido. Esta agrupación abarca desde el ámbito de negocio hasta los soberanistas que añoran el ‘procés’, así como los antiguos convergentes. A pesar del incidente del Arc de Triomf en Barcelona, se busca que Junts se desarrolle hacia la neoconvergencia con Puigdemont a la cabeza. Según fuentes consultadas, el líder independentista ha expuesto a sus contrapartes empresariales su decisión de continuar liderando Junts.
El objetivo es que este partido se transforme en una oposición de centroderecha en Catalunya, presentando propuestas económicas específicas como alternativas a las del Govern de Illa y sus socios. Este enfoque requeriría tanto oposición como colaboración con el Govern de Illa. En Madrid, todos parecen seguros de que Puigdemont no provocará una crisis insalvable con el Gobierno de Sánchez. Ahora, el reto de la élite catalana es convencer a los independentistas de que aporten sus votos a favor de la nueva financiación de Catalunya contemplada en el acuerdo entre el PSC y ERC.
Los líderes empresariales instan a Junts a actuar como una oposición de derechas en el Parlament y en el Congreso. Con la intención de cambiar hacia un partido de derecha burguesa, algunos líderes de Junts han iniciado acercamientos discretos a las grandes empresas y al Ibex, para compartir criterios y preocupaciones. Jordi Turull, secretario general de Junts, y especialmente Albert Batet, presidente del grupo parlamentario en el Parlament catalán, son ejemplos de ello.
No existe un consenso entre las élites económicas catalanas respecto al rol que Puigdemont debería desempeñar. Algunos creen que las recientes acciones del ex presidente han demostrado que es un impedimento para el crecimiento de Junts. Esperan que, en el próximo congreso del partido en octubre, se negocie alguna sucesión o límite a su papel, tras un periodo de reflexión para la opinión pública. Sin embargo, los grupos más poderosos abogan por su permanencia.
Un aspecto de esta dinámica se refiere al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ven como esencial a pesar de las muchas políticas económicas con las que no están de acuerdo. No obstante, la realidad es que sus medidas políticas -los indultos y amnistía, así como varios acuerdos económicos- han contribuido significativamente a la calma política en Cataluña.
Al mismo tiempo, buscan llegar a acuerdos con Illa en Barcelona y con Sánchez en Madrid que reflejen sus propios deseos. El agradecimiento público que Jaume Guardiola, presidente del Cercle d’Economia, expresó a Sánchez en mayo aún está presente. Este foro podría publicar su visión en un comunicado el próximo mes.
No ven un cambio de gobierno en Madrid como algo deseable o beneficioso hasta que se haya completado el proceso de amnistía total y el nuevo modelo de financiamiento.
Por último, está el Partido Popular. Es esencial recordar que, desde una perspectiva empresarial, el objetivo es seguir realizando actividades comerciales sin importar el ambiente político. Algunos creen que es cuestión de tiempo antes de que el PP tenga una nueva oportunidad para gobernar. Sin embargo, esta situación parece ser aún más desafiante. Importantes empresarios y CEOs recuerdan que Feijóo, mientras ejercía como presidente de la Xunta hasta abril de 2022, o incluso en sus primeros días liderando el PP, los consultaba con la pregunta «¿qué harías tú en Cataluña?», buscando sugerencias para resolver la crisis. Actualmente, confirman estas mismas fuentes, el líder del PP continúa haciendo las mismas consultas, aunque ahora parece ser pura retórica para quienes lo escuchan. Parece que el tiempo ha permanecido estancado y siempre con el mismo resultado: formular estrategias de confrontación y negar cualquier solución pactada a la crisis política en Cataluña.
Existe ahora la preocupación de que el PP pueda utilizar como principal estrategia de lucha, para competir con Vox y mantener su atractivo entre los votantes, su postura enérgica contra el acuerdo fiscal que forma parte del pacto entre el PSC y ERC para la investidura de Illa. Sin embargo, confían en que, en este caso, algunos líderes territoriales vean los beneficios de suscribirse para superar las dificultades financieras de las comunidades que lideran.
El presidente de Valencia, Carlos Mazón, es considerado como un posible eslabón frágil en la defensa colectiva contra los cambios recientes en el modelo de financiación. Mazón visitó Foment en marzo pasado y durante una comida con líderes empresariales y otros miembros del gremio empresarial, se le consultó su opinión respecto al acuerdo entre el PSOE y ERC sobre la condonación de un 20% de la deuda del Gobierno catalán con el gobierno central mediante el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que representaba una descarga de 15.000 millones para Cataluña. El Partido Popular había objetado esta medida anteriormente. Contrariamente, Mazón solicitó un alivio mayor a los empresarios de Barcelona, indicando que no debatiría el tema con el gobierno central por un ajuste menor al 80 o 90%. En otras palabras, solicitó una condonación de más de 46.000 millones.
