A medida que nos acercamos al otoño, también nos preparamos para el inicio de las discusiones presupuestarios, un evento político-económico de gran importancia, especialmente en este complicado 2024.
El Gobierno presentará su primera propuesta de presupuesto de la legislatura en el Parlamento, luego de haberla retirado en la primavera debido a su posible rechazo.
La situación ha cambiado ahora: debemos aprobar no solo el presupuesto para 2025, sino también enmarcarlo en las proyecciones para los siguientes cinco años, que deben ser enviadas a Bruselas antes de finalizar el año.
Esta propuesta llevará consigo una nueva restricción debido al resurgimiento del Pacto de Estabilidad en la UE, que requiere un déficit por debajo del 3% y un plan para reducir la deuda pública de manera efectiva y razonada.
Esta tarea no será sencilla, en vista del aumento de las tasas de interés y el incremento en los gastos en salud y pensiones debido al envejecimiento de la población: la Comisión Europea anticipa que en la próxima década, la deuda aumentará del actual 108% del PIB a más del 120%, muy por encima del 60% requerido. En resumen, parece que se avecina una era de austeridad, aunque no tan drástica como la de 2009-2013. Pocos augurios positivos en este escenario. ¿Conseguirá el Gobierno la mayoría necesaria para aprobar su presupuesto en este contexto?
En Barcelona, se encuentran inmersos en un período de transición presupuestaria, pasando de su actual modelo de financiamiento a uno que se implementará en los próximos años. Sin embargo, este proceso está lleno de desafíos significativos. Para reformar el sistema de financiamiento, necesitan alcanzar un acuerdo con todas las regiones autónomas, lo que idealmente debería llevar a un incremento en los ingresos para Catalunya y a una marcada reducción de su déficit fiscal con el resto de España. El objetivo es reducir su actual déficit del 9% del PIB a cerca del 4% o 5%. Esto permitiría a Catalunya mantener un nivel adecuado de solidaridad, fortalecer su capacidad financiera, y por ende mejorar sus servicios de salud, educación y bienestar social. También proporcionaría un impulso para la vivienda asequible y el crecimiento de la productividad.
Sin embargo, estos problemas no son exclusivos de Barcelona. Cualquier acuerdo de nuevo financiamiento que reduzca el déficit fiscal de Catalunya y de otras regiones autónomas como Valencia, Baleares y Madrid, tendrá que ser contrarrestado por mayores transferencias financieras del Gobierno central. En términos prácticos, una reducción en las contribuciones de Catalunya de alrededor de 10.000 millones, y de las otras regiones en déficit de 10.000 millones más, significaría un incremento en el gasto del Gobierno central de aproximadamente el 1.5% del PIB. Este aumento necesitará ser incluido en las cuentas financieras que Bruselas debe autorizar.
Nos encontramos en una época de cambio, en medio de situaciones y circunstancias complejas. Los gobiernos y los ciudadanos enfrentan tiempos complicados. Mucha suerte a todos.