Tal vez Alemania es el país cuyo sistema se asemeje más a la financiación exclusiva planteada por el acuerdo de investidura, aunque sólo en términos de recaudación. La distribución de recursos en este país es distinta. Los länder, que son el equivalente a las comunidades autónomas en España, recogen los impuestos más importantes en nombre del Gobierno federal, pero – a diferencia de la propuesta PSC-ERC – no retienen todo el dinero recaudado.
Sólo mantienen el porcentaje que corresponde a sus respectivas regiones. Los länder son los encargados de recaudar el IRPF, IVA y el Impuesto de Sociedades.
Las administraciones regionales se quedan con una porción de los impuestos y el resto se traslada al Gobierno central.
Esta distribución es distinta a la española, pues en Alemania las regiones obtienen el 42,5% del IRPF y el 50% del impuesto de sociedades. Tras recaudar el total de los impuestos, las regiones se quedan con su porción y el remanente es enviado al Gobierno federal. Posteriormente, es el Estado quien redistribuye los recursos a municipios y regiones necesitadas, con el fin de equilibrar la financiación entre diferentes territorios, con especial atención a las regiones de menor rendimiento económico.
La profesora e investigadora del IEB-UB, Maite Vilalta, explica que aunque los länder son los encargados de gestionar la mayoría de los impuestos, carecen de potestad normativa. Sin embargo, los gobiernos regionales tienen la capacidad de ejercer sus derechos a través del Senado. En contraste, las comunidades autónomas en España apenas tienen capacidad de influir en la política fiscal en la Cámara Alta. “La Constitución alemana garantiza un equilibrio razonable entre las diferencias de capacidad fiscal de los länder. Por tanto, este mecanismo siempre ha resultado en un nivelamiento parcial, especialmente tras la reforma de 2017 que eliminó la nivelación horizontal explícita”, puntualiza Vilalta.
La imposibilidad normativa de modificar impuestos en las regiones, tal como ocurre en España, evita la rivalidad interregional existente en ese país. Un caso ejemplificador es el de la comunidad de Madrid, que al reducir la carga fiscal, atrae contribuyentes de otras regiones buscando una menor tributación.
Expertos en fiscalidad destacan la singularidad del modelo implementado en el País Vasco. Allí, el gobierno regional retiene la totalidad de la recaudación y transfiere al Gobierno central una suma por los servicios públicos prestados, situación que no se replica en otros esquemas federales.
El acuerdo PSC-ERC previsto para Cataluña es similar al vasco, dado que contempla retener la recaudación y efectuar una contribución al Estado. Sin embargo, incluye elementos de ajuste y estabilización, con resultados aún inciertos. El principal ajuste es la cuota de solidaridad, similar al modelo alemán, destinada a asegurar un nivel de prestaciones uniforme entre las comunidades. Dicha «factura» queda limitada únicamente por el principio de ordinalidad. Este mecanismo permite a Cataluña mantener su posición en el ranking de recursos antes de contribuir al fondo común y después de recibir las sumas correspondientes.
