El acuerdo financiero entre el PSC y ERC para Cataluña ha desencadenado una avalancha de análisis y perspectives catastróficas sobre las repercusiones económicas para las demás comunidades autónomas y el Estado. A pesar de los términos ambiguos del acuerdo y las incertidumbres respecto a las cifras empleadas, algunos expertos han pronosticado la bancarrota del Estado, a través tanto de su empobrecimiento financiero como de la implantación de un nuevo modelo de confederación.
Según estos análisis, al gobierno central no le quedará más opción que disminuir o eliminar servicios, o incrementar significativamente la presión fiscal a los no catalanes.
No obstante, parece prematuro llegar a estas conclusiones en base tanto al contenido del pacto entre socialistas y republicanos como a las cifras y escalas manejadas hasta ahora por las estadísticas de las partes involucradas.
El acuerdo no hace mención al déficit fiscal y establece que la contribución del Estado será un porcentaje sobre los impuestos.
Esta semana, Ángel de la Fuente, director de Fedea y uno de los más destacados especialistas en financiación autonómica de España, ha emitido un informe. En este documento se estiman los fondos adicionales que el gobierno central debería inyectar –entre 31.000 y 62.000 millones al año– en el mecanismo de financiación, para que todas las regiones puedan disfrutar de las mismas condiciones que Cataluña. Según el informe, para conseguir esto, el gobierno tendría que optar por recortar pensiones o defensa, o incrementar la carga fiscal de la población no catalana. Por otro lado, los negociadores del pacto catalán han calculado esta cifra en una cantidad mucho menor, entre 12.000 y 15.000 millones, aproximadamente el 1% del PIB español. Este año, se espera que la Agencia Tributaria española aumente sus ingresos en 23.000 millones.
Este análisis se basa en dos suposiciones principales. Una, que el pacto entre PSC-ERC pretende cubrir el déficit fiscal de Cataluña (la brecha entre lo que el estado recauda y gasta en esa región), que según los nacionalistas catalanes, es de aproximadamente 22.000 millones al año, y a partir de allí calculan la potencial pérdida de ingresos para el estado central. No obstante, el déficit fiscal no es un método de análisis aceptado por los socialistas catalanes, ni mucho menos por los españoles; al contrario, el pacto se refiere exclusivamente a «infrafinanciación», indicando que la inversión estatal en los servicios gestionados por la Generalitat es insuficiente.
El acuerdo entre el PSC y ERC no hace ninguna mención al déficit fiscal. No se utiliza ninguna vez como referencia para estimaciones ni como meta para el nuevo esquema. Por lo tanto, se supone una estrategia de cálculo radicalmente diferente. Claramente, a pesar de ser un concepto fundamental para los independentistas, su ausencia no debería considerarse un descuido ni el resultado de la falta de reflexión política. En las negociaciones, ERC intentó incorporarlo junto con los números, pero fueron rechazados por el PSC.
Según los datos disponibles, los gastos del Estado en Cataluña podrían aumentar hasta casi 20.000 millones de euros. De la Fuente basa sus afirmaciones en unas declaraciones hechas por la consellera de Economia de ERC, Natalia Mas, en 2023, donde manifestó su deseo de reducir el déficit fiscal del 10% del PIB al 2% o 4%. El analista añade que “el PSC podría tener como objetivo reducir a la mitad los requisitos mínimos de ERC con el fin de hacer la propuesta más aceptable para los afiliados al PSOE». En realidad, sus estimaciones de ingresos adicionales para la Generalitat siguen una escala progresiva del déficit fiscal en línea con la perspectiva independentista.
El acuerdo entre PSC y ERC establece de forma general que «la Generalitat deberá administrar, recaudar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos cobrados en Cataluña», a través de l’Agència Tributària de Catalunya. No obstante, inmediatamente establece restricciones; una de las más significativas es que «la contribución catalana para compensar los costos de los servicios prestados por el Estado a Cataluña(…) será determinada mediante un porcentaje de participación en los impuestos».
Los socialistas interpretan que el Estado obtendrá ese dinero sin necesidad de que pase por las cuentas bancarias de la Generalitat, lo que difiere considerablemente del concierto vasco, donde las diputaciones forales cobran todo en primera instancia. Es decir, el Estado manejaría directamente esa parte de la recaudación, que ya no sería parte de los recursos de la Generalitat. Aunque Esquerra Republicana presenta esto como un «concierto solidario», en realidad son dos modelos distintos.
Se debería restar la «cuota de solidaridad» de los 10.500 millones restantes recaudados por la Generalitat. Sin embargo, el asunto en cuestión, es cuánto de los impuestos generados en Cataluña debería recibir el Estado. En esta área, se encuentra la segunda suposición que emplean los analistas más críticos: se asume que no existe un criterio establecido para determinar esa cantidad.
Según información del 2022, los ingresos fiscales generados en Cataluña se elevan a 58.000 millones de euros, con la Generalitat recibiendo 28.000 millones por medio de la cesión del 50% del IRPF, el 50% del IVA y el 58% de los impuestos especiales. Por lo tanto, el nuevo sistema podría permitirle recaudar, en el caso de una implementación máxima y sin pagar nada al Estado, hasta 30.000 millones adicionales.
De la Fuente estima, basándose en su metodología, el déficit fiscal y el límite superior de futuros ingresos de la Generalitat, que Cataluña recibiría entre 6.600 y 13.200 millones adicionales al año, lo que reduciría el dinero para el Estado. Asimismo, insinúa que, a la larga, la Generalitat podría quedarse con todo.
¿Qué indican las estadísticas proporcionadas por los servicios administrativos de Cataluña? Su más reciente estudio respecto al déficit fiscal, liberado en septiembre del año anteriormente mencionado y referente a los periodos 2020 y 2021, admite que los costos del Gobierno en Cataluña, teniendo en cuenta los organismos autónomos y entidades públicas, llegan a alcanzar 14,631 millones en el último de los dos años establecidos. Esto significa que es casi la mitad de los 30,000 millones que se destacan en cifras superiores. Sin embargo, esto asume que el Estado apruebe estos cálculos, lo que nunca ha ocurrido, ya que opinan que se deberían considerar otros aspectos, no tomados en cuenta por la Generalitat, como los de defensa, exteriores y varios programas de inversión, que sumarían 4,880 millones en 2021. De los 30,000 millones mencionados desde el inicio, la cifra se disminuye a poco menos de 10,500, desde la perspectiva de la administración central. Todavía se tendría que deducir la cuota de solidaridad en conformidad con lo establecido en el pacto PSC-ERC.
Este acuerdo restringe la reducción de la contribución catalana a que todos los servicios sean igualmente proveídos por todas las comunidades. ¿Cómo se establecería esta cuota o importe? Deberían tomarse en cuenta dos fundamentos: uno actual en el sistema financiero autónomico, y otro no, pero ambos están contemplados en el pacto de investidura de Salvador Illa. En primer lugar, esta contribución está vinculada a que “la Generalitat tiene que colaborar en solidaridad con las demás comunidades autónomas con el fin de que los servicios ofrecidos por los diversos gobiernos autónomos a sus ciudadanos puedan llegar a niveles similares, asumiendo que llevan a cabo un esfuerzo fiscal también similar”. Esto se considera una limitación a la reducción de las contribuciones catalanas.
El concepto de ordinalidad, que está contemplado en el pacto, sostiene que ninguna comunidad puede que quede por debajo en el proceso en comparación con los beneficios recibidos, especialmente si aporta más al sistema. Este criterio, no obstante, enfrenta críticas de aquellos que consideran que interrumpe la progresividad, favoreciendo siempre a los que ya ocupan el lugar cumbre en la lista de aportadores.
No obstante, los que defienden este principio argumentan que si se repartieran equitativamente todos los ingresos recolectados entre las diferentes comunidades autónomas, se perdería el valor de un estado descentralizado, y mucho menos se podría hablar de una estructura federal. Dicha estructura permite que las diversas administraciones territoriales tengan competencias y prioridades específicas y por ende, mantienen parte de sus recursos. Además, la progresividad se implementa a través del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que sigue la norma de que cada individuo contribuye de acuerdo a sus ingresos y recibe los mismos recursos que cualquier otro individuo.
Guillem López Casasnovas, prominente experto en economía y defensor del cambio de modelo, ha propuesto dos métodos viables para determinar la contribución de Cataluña y la posible disminución de los ingresos estatales. Casasnovas pone el foco exclusivamente en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), con el supuesto de que los otros impuestos equilibrarán los costos y servicios estatales en Cataluña. Propone calcular un porcentaje de progresividad del 7% sobre el IRPF recaudado en Cataluña, más lo que actualmente se contribuye al sistema de financiación. Su segunda sugerencia es aplicar la ordinalidad, permitiendo a Cataluña recibir los mismos ingresos per cápita que las regiones actualmente más beneficiadas por el sistema, como Cantabria, Rioja o Extremadura. De acuerdo con estos cálculos, los ingresos de la Generalitat podrían incrementar en una cantidad entre 6,000 y 8,000 millones. Sin embargo, los datos disponibles de la propia Generalitat indican que estos números estarían más cercanos al límite inferior que al superior. En cualquier caso, estas cifras no parecen apuntar a un colapso del Estado de bienestar español.
