Diversos fondos a nivel global, que actualmente enfrentan una disputa legal contra España en varios tribunales en Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Suiza, Bélgica y Australia debido a los recortes a sus inversiones renovables, han propuesto al Gobierno español una solución negociada.
Según detallan fuentes cercanas al caso, los representantes de estos inversores han establecido comunicación con los departamentos de Economía y Transición Ecológica, manifestando su disposición a retirar las denuncias si parte de los pagos que solicitan son estructurados como reinversión o bonos verdes, dado el interés del país en las energías renovables.
Aunque la oferta aún no ha avanzado, el Gobierno ha oído a los fondos y admite que esta propuesta implica un reconocimiento implícito de la seguridad jurídica española por parte de los demandantes.
En múltiples ocasiones, los fondos han obtenido una victoria parcial en los tribunales internacionales, resultando en la imposición de embargos, como el colocado en la sede del Instituto Cervantes en Londres, o la advertencia de un proceso de ‘default’. En resumen, los fondos buscan una solución que asegure la inversión que inicialmente realizaron. “Nos gustaría resolver esto de manera constructiva”, expresan las fuentes.
Esta situación se remonta al 2013, cuando el Gobierno del Partido Popular alteró la rentabilidad proyectada para la mayoría de las instalaciones de energías renovables reguladas. En estos años, los inversores internacionales han presentado 52 arbitrajes en diferentes tribunales, predominantemente en la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias en Inversiones (CIADI) del Banco Mundial. Esto ha llevado a España a recurrir a la Abogacía del Estado y reconocidos bufetes internacionales. Hasta ahora, las reclamaciones han llegado a un total de 10.635 millones.
El Gobierno conserva su fe en el camino jurídico. Según cálculos del Ministerio de Transición Ecológica, se ha logrado reducir un 85% de los montos solicitados, calificándose como un «importante triunfo» en la estrategia seguida. De los iniciales 10.635 millones demandados, la actuación de la Abogacía del Estado en España ha permitido eludir el pago de 7.600 millones. Actualmente, las compensaciones aceptadas suman 1.515 millones, en tanto que la cantidad aún indisputa es de 1.519 millones.
Ya en 2019, el Gobierno de entonces implementó acciones para que ciertos demandantes renunciaran a los laudos. El Ministerio de Transición Ecológica, específicamente, aprobó un decreto con miras a incrementar los beneficios de las inversiones comprometidas, garantizando en estas un aumento del 7,4% hasta diciembre del 2031. Para beneficiarse de esta medida, los inversores foráneos con reclamaciones en tribunales arbitrales debían renunciar a ellas y tres de ellos así lo hicieron. En la actualidad, de los 56 arbitrajes propuestos, 37 ya se han resolvido. Siete fueron ganados por España, cuatro más fueron anulados, doce aún esperan resolución y los antes mencionados tres renunciaron voluntariamente.
Asimismo, el Gobierno ha concertado con los demandantes de la UE la anulación de los laudos al hacerles comprender que, «según ha establecido el TJUE reiteradamente, el arbitraje intra europeo no es aplicable con el amparo del Tratado de la Carta de la Energía, por ser incompatible con la legislación de la UE», según detallan fuentes gubernamentales.
El Gobierno enfatiza que ciertos laudos arbitrales ocultan actividades comerciales. Destaca la existencia de «un espacio de comercio con los derechos de percepción de indemnizaciones impuestas por tribunales de arbitraje», lo que considera «inaceptable e inválido según la perspectiva del derecho internacional». Por esta razón, sigue optando por la vía judicial en situaciones donde «la única motivación es incrementar su riqueza a expensas de los intereses legítimos de un estado».
