Las principales entidades de negocios y economía de Cataluña han aceptado con buena luz el acuerdo de investidura del socialista Salvador Illa del PSC y ERC, a pesar de su desacuerdo con el contenido económico del pacto. En realidad, habrían preferido que las negociaciones estuvieran a cargo de los socialistas y los independentistas de Junts, incluso si estos últimos estuvieran al frente.
Sin embargo, si ya dicha combinación parecía difícil, el resultado final es aún más desconcertante. A pesar de esto, tras las elecciones del pasado mayo, estos centros influyentes intentaron establecer este camino, que tuvo poco éxito.
Ahora las elites económicas opinan que al acuerdo se le deberían eliminar las referencias a los impuestos.
Los firmantes se han comprometido a mantener el impuesto sobre sucesiones y patrimonio y a no alterar el rango del IRPF. Además, muestran resistencia a expandir el aeropuerto de El Prat y a las limitaciones fiscales al proyecto de entretenimiento/inmobiliario Hard Rock en Tarragona, lo que lo hace casi inviable.
Este desacuerdo explica el silencio de estas entidades durante los días en los que el pacto estaba en peligro, especialmente antes de la votación de los miembros republicanos. Posiblemente pensaron que era mejor no influir en el proceso de decisión de los militantes republicanos evitando emitir una opinión que pudiera llevar a algunos a votar en contra del pacto debido a su apoyo.
Finalmente, cabe destacar que ni Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment; ni Jaume Guardiola, del Cercle d’Economia; ni Josep Santacreu, de la Cambra de Barcelona, destacados representantes de las ideas e intereses de los empresarios y ejecutivos catalanes, se han pronunciado en favor del acuerdo.
Las tres entidades más destacadas del sector económico y corporativo catalán han generado innumerables resoluciones, documentos e investigaciones sobre el modelo de financiación autónoma. La Cambra de Barcelona se centra en aspectos más técnicos, mientras que las reflexiones políticas generales son más comunes en el Cercle y Foment. Este último incluso ha creado recientemente su propia comisión para analizar las balanzas fiscales.
En efecto, Pimec, presidida por Antoni Cañete, y los dos poderosos sindicatos, CC.OO. y UGT, liderados por Javier Pacheco y Camil Ros respectivamente, se han manifestado abiertamente a favor. Diversas asociaciones y colegios profesionales, incluido el colegio de economistas, también apoyan.
El mantenimiento de los impuestos sobre las herencias y el patrimonio ha desatado fuertes críticas. Aunque ni el PSC ni Junts estaban dispuestos a negociar la investidura con el otro, muchos magnates empresariales opinan que Junts ha perdido una valiosa oportunidad para retomar el espacio de centro-derecha o conservador, ofreciendo a los socialistas su agenda económica como base para la negociación.
A pesar de estas críticas, no se ha producido tensión entre estos núcleos empresariales y los aspirantes a la neoconvergencia. Ambos bandos parecen entender que este es un viaje largo con momentos de progreso y retroceso. La presión ejercida por Junts contra el pacto PSC-ERC, que se intensificará con el regreso del presidente Carles Puigdemont en los próximos días, no ha alterado esta situación. De hecho, es probable que la relación personal entre Sánchez Llibre y Puigdemont se haya fortalecido a pesar de todo lo ocurrido últimamente, según las fuentes consultadas.
Es bastante significativo el paralelismo entre lo que se ha acordado ahora entre republicanos y socialistas y las sugerencias propuestas por las entidades económicas. En julio del año pasado, Foment, el Cercle, Pimec, el RACC, el Colegio de Economistas y las 13 cámaras comerciales de Cataluña, solicitaron nuevamente la modificación financiera autonómica existente, que está obsoleta desde hace diez años, y pidieron una nueva que «garantice la autonomía financiera, aumente considerablemente la capacidad de manejo de los impuestos y asegure el principio de ordinalidad». Esto está bastante reflejado en el acuerdo entre el PSC y ERC.
La incertidumbre del sector empresarial también incluye las posibilidades reales de implementar el acuerdo entre socialistas y republicanos. Primero, porque detectan cierta ambigüedad política en su redacción. Además, hay cierta falta de definición en sus aspectos más técnicos.
Los republicanos lo describen como un concierto económico «solidario», pero se distingue claramente del modelo implementado en el País Vasco. Entre otros factores, porque en este último, el pago al Estado de sus gastos relacionados con la comunidad autónoma, el cupo, se realiza después de un acuerdo y cuando las diputaciones provinciales ya han recolectado todo el dinero. En el acuerdo catalán, se menciona expresamente que el Estado tendrá asignado directamente a su favor, es decir antes, en el momento del cobro, el dinero que recibirá.
Se critica a Junts por no haber defendido correctamente su agenda económica y buscar el acuerdo con los socialistas.
Igualmente, existe un límite asociado con la contribución de la economía vasca a la economía española, establecido en el 6,24% del Producto Interno Bruto (PIB), equivaliendo a la producción anual. Aunque este porcentaje ya no representa la realidad, ambas partes han decidido evitar su revisión para no iniciar deliberaciones que puedan desencadenar un conflicto político.