La sociedad catalana se encuentra envuelta en una atmósfera de irrealidad e incredulidad desde el anuncio del pacto entre el PSC y ERC para nombrar a Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Esta noticia, que promete un salto considerable en el financiamiento para la Generalitat, ha tomado por sorpresa a quienes no estaban en el meollo de las negociaciones.
De alguna manera, esta situación parece ir en contra de la corriente política actual. Estamos a las puertas de un cambio que pondrá fin a las mayorías independentistas en el Parlament, presumiblemente con el permiso de un Carles Puigdemont probablemente de regreso.
Esto marcaría el fin oficial de un procés que ya es considerado cosa del pasado y permitiría el surgimiento de un Govern socialista en la Generalitat. También se espera la implementación de un nuevo modelo que elevaría la autonomía financiera de la administración catalana hasta niveles nunca antes imaginados.
¿Podría ser que después de casi quince años de estancamiento político y sin cambios relevantes en las relaciones entre Catalunya y el Estado, surja lo que los partidarios del pacto describen como un concierto fiscal a la vasca -una comparación que, inevitablemente, dará lugar a infinitos debates sin alcanzar conclusiones definitivas- que satisfaga gran parte de las expectativas económicas de la mayoría de la sociedad catalana? ¿Una victoria después de la muerte?
La comunidad empresarial y económica catalana, junto con la sociedad en general, se muestran en partes iguales entusiasmados y críticos respecto al reciente acuerdo de financiación. A pesar de considerarse como un anhelo mayoritario en la sociedad catalana, la desconfianza y escepticismo dominan el panorama debido a experiencias pasadas con propuestas grandiosas que terminaron siendo insignificantes o peores aún, verdaderas calamidades. Así, emerge una pregunta acerca de la realidad y la fantasía en el acuerdo logrado entre socialistas y republicanos. El nuevo Gobierno que surgirá, si quiere respetar lo que ha firmado, tendrá que superar no solo la resistencia de sus aliados en el gobierno de Madrid y las comunidades autónomas que no están de acuerdo con el nuevo sistema, sino también la apatía y el desinterés enmascarados en el cinismo social que sospecha de lo que los políticos prometen.
La meta de equidad ciudadana sigue apareciendo como el objetivo necesario en este nuevo modelo. Sin embargo, hay dudas, sobre todo acerca de si es viable. Los desafíos son tanto políticos –por la estrechez del margen parlamentario del gobierno de Pedro Sánchez para constituir una mayoría que respalde las reformas legislativas requeridas y la resistencia firme del resto de los territorios– como técnicos, tomando en cuenta la intrincada implementación de nuevas estructuras que impactarán no solo a Cataluña, sino al resto de las administraciones autónomas y estatales. Este será el gran reto del actual período gubernamental, que a más tardar, finalizará en el año 2027.
El presente sistema de financiamiento autónomo es hueco e inútil. Además, es desigual para muchas autonomías debido a la discrepancia fundamental entre las responsabilidades que manejan y los fondos que obtienen del gobierno. Este debe ser el primer paso para una nueva propuesta global, esencial para incorporar cambios futuros. Las Comunidades Autónomas se encargan de los aspectos más importantes del estado de bienestar, como la salud, la educación y las cuestiones sociales. Sin embargo, su rol en los ingresos públicos es restringido y les falta la autonomía necesaria.
El fortalecimiento de la posición financiera de la Generalitat, lo que conllevaría una menor contribución al sistema de financiamiento autónomo, solo puede ser equilibrada con mayores contribuciones del gobierno a otras administraciones. De acuerdo a estudios realizados por la Cambra de Barcelona y el economista Guillem López Casasnovas, en el peor escenario para la Generalitat, la mejora de ingresos rondaría los 5.000 millones anuales, una cantidad muy inferior a la estimada de forma más optimista. Esto es lo que se necesita, para empezar. Altos funcionarios del Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero deberían estar trabajando ahora en cómo hacer esto, aunque aún no han presentado un plan. Parece, al principio, que la condición de ser la capital podría ser una categoría que podría abordar la reducción de gastos.
El pacto entre el PSC y ERC establece las restricciones de la nueva propuesta. Se definen los límites inferior y superior de la contribución catalana. En el primer escenario, el acuerdo señala que en el futuro, cuando los cambios estén en vigor, «los servicios proporcionados por los diferentes gobiernos autónomos a sus residentes podrían llegar a ser comparables, siempre y cuando se efectúe un esfuerzo fiscal equivalente». Esto ha sido la meta de todos los sistemas de financiamiento autonómico implementados hasta ahora, aunque aún no se ha logrado. Desde la perspectiva de los principios y objetivos requeridos al nuevo sistema de financiamiento, nada ha cambiado. Aquellos que alegan que este pacto termina con la igualdad entre los españoles deberían examinar el tema con más detalle. Ni existe igualdad entre los españoles en la actualidad, siendo Madrid un ejemplo, ni el acuerdo catalán interrumpe la doctrina previamente establecida en este asunto.
La comunidad celebra tanto el acuerdo de financiamiento como su posible inviabilidad.
Respecto al segundo límite, la contribución máxima de Cataluña, los firmantes del acuerdo acordaron utilizar el criterio de ordinalidad, es decir, mantener la misma posición antes y después de la distribución de los recursos. Esta será una de las cuestiones clave en la implementación del acuerdo y generará un debate considerable, ya que hay muchas formas de llevarlo a cabo. Por lo tanto, todo sigue en discusión.
