Millones de euros destinados a impulso de innovación se han malgastado en España debido a la falta de mecanismos adecuados para dirigirlos a empresas e instituciones de investigación. Esta es una problemática de larga data que se ha intensificado recientemente, a pesar del flujo de recursos provenientes de los fondos europeos Next Generation.
Con un presupuesto innovador récord superior a 20.300 millones de euros, la tasa de uso solo alcanza el 54,8%, según el informe más reciente de la Fundación Cotec, publicado en julio y basado en datos de 2023. Esta tasa es un 4% inferior a la del año pasado y un 6% menor que la de hace dos años, tocando su punto más bajo desde 2017.
Este nivel está muy por debajo de las tasas de hace dos décadas, cuando el país optimizaba más del 90% de las subvenciones a la innovación.
Entonces, ¿por qué este problema se ha exacerba aún cuando los recursos para innovación son más abundantes que nunca? Xavier Ferràs, profesor especializado en sistemas de innovación en Esade, explica que el sector innovador español ha experimentado algo parecido a una «sobredosis» de financiamiento para la innovación. En tres años, el presupuesto casi se ha triplicado, pasando de 7.067 millones de euros en 2020 a 20.305 millones en 2023, un aumento propulsado por la llegada de fondos de la Unión Europea tras la pandemia de coronavirus. Pero la administración pública no ha estado a la altura de esta avalancha de recursos, argumenta el profesor. «No estaba lista para manejar este enorme incremento de fondos», afirma.
Ante el aumento considerable de fondos, el Gobierno ha decidido mantener su estructura habitual en lugar de formar una agencia para administrar y asignar todos los fondos de Investigación y Desarrollo (I+D). El país tampoco ha avanzado en una reforma legislativa para facilitar los trámites burocráticos relacionados con la solicitud de subsidios. Investigadores y empresas llevan años pidiendo esto para recibir oportunamente créditos o asistencias directas.
En 2023, la industria dejó escapar 2.271 millones en ayudas directas según Cotec. Se sabe que hace tres años, el Gobierno instauró los programas Perte para direccionar los fondos Next Generation. Según Ferràs, «no han sido una mala estrategia» ya que han facilitado la transferencia de recursos. No obstante, los datos del informe de Cotec sugieren que han sido insuficientes.
Fuentes del gobierno intentan minimizar el impacto de los resultados del informe y celebran un presupuesto mayor que nunca. Argumentan que si la tasa de ejecución ha ido en disminución es debido a que los fondos europeos, a diferencia de los nacionales, pueden gastarse en el siguiente ejercicio si no se utilizan. En este contexto, desde el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades se confirma que «la ejecución ha disminuido por la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Una porción considerable de este apoyo está vinculada a los Perte, los cuales están en proceso de implementación. La ejecución aumentará en los años siguientes a medida que todas las actividades estén en desarrollo y aplicación”.
No obstante, la accesibilidad de estos medios es limitada y, a partir del 2028, España, al igual que otros países miembros, deberán empezar a reembolsar el dinero no empleado. Todavía quedan cuatro años y Cotec, en su reporte, advierte sobre esto: «Los recursos NextGen estarán disponibles sólo por un tiempo limitado, por lo tanto será esencial reemplazarlos con un próximo mecanismo europeo o con otros medios a nivel nacional para cumplir con los compromisos de incrementar la inversión en ciencia».
Los sectores más afectados por esta falta de ejecución han sido la industria (junto con el comercio y el turismo) y el sector científico. Según el informe, la industria está dejando ir subsidios directos por un valor de 2.271 millones de euros y créditos por un valor de 1.542 millones de euros. Mientras tanto, el sector de ciencia e innovación está perdiendo subsidios directos por un valor de 720 millones de euros y créditos por un valor de 2.364 millones.
Se deberán reembolsar los recursos europeos no empleados en unos años
Estos recursos gubernamentales indican que gracias a los recursos Next Generation, la estructura del presupuesto en I+D ha experimentado un cambio. Según el reporte de Cotec, el 66% de los recursos del 2023 eran ayudas directas, es decir, irrecuperables, mientras que solo el 34% eran créditos. Esto representa un cambio importante, dado que antes de la pandemia, las ayudas directas solo constituían el 40%, mientras que los créditos eran el 60%.
«Es crítico que las ayudas directas ganen importancia ya que facilitan y reducen los riesgos de invertir en innovación. Un crédito, por el contrario, siempre debe ser reembolsado, lo que representa un desafío para el científico o emprendedor cuando su invento no puede ser comercializado debido a que no resultó como esperaba”, explica Ferràs.
Si España lograra aprovechar los 20.305 millones de euros disponibles en su presupuesto para investigación y desarrollo (I+D), tendría la oportunidad de actualizar su propio entorno innovador y alcanzar la inversión media europea en I+D. Según datos recientes de Eurostat, esta inversión representó el 2,24% del PIB de la Unión Europea en 2022. Sin embargo, España se situó en una posición baja en esta categoría, con una inversión en I+D que representaba únicamente el 1,44% de su propio PIB; incluso se ubicó detrás de naciones como Portugal, Grecia, Polonia y Estonia.
La Unión Europea insta a sus miembros a invertir en innovación al menos el equivalente al 3% de su PIB, un umbral que España aún no ha conseguido alcanzar. El Gobierno español, por su parte, apunta a llegar al 2,12% en 2027, cifra que seguiría estando por debajo de la media de la UE. Mientras tanto, en países como Bélgica, Suecia, Alemania y Austria ya se han superado estos objetivos, y Finlandia y Dinamarca no van muy rezagados.
Por otro lado, se menciona que las complejidades burocráticas en España, a menudo denunciadas por empresas y centros locales, han provocado que los posibles beneficiarios de las ayudas a menudo deban esperar años para recibirlas, desincentivando el esfuerzo para innovar. Sin embargo, el Ministerio de Ciencia atribuye este problema de ejecución al tejido empresarial del país, compuesto en un 95% por pequeñas y medianas empresa con menos de 10 empleados, limitando su capacidad para innovar.
El escenario varía entre las comunidades autónomas dependiendo de la fortaleza de su economía. Según un informe adicional de Cotec, es solo en el País Vasco donde se ve un nivel de inversión en Investigación y Desarrollo (I+D) cercano al promedio de la Unión Europea, representando el 2,23% de su PIB. A continuación, en la lista, se encuentran la Comunidad de Madrid y Cataluña, con un 1,96% y 1,89% respectivamente. «Estas no son cifras decepcionantes si nuestro objetivo es superar el 2%», opina el profesor. El compromiso recientemente anunciado por el gobierno central puede contribuir a alcanzar este objetivo. A su vez, los 150 millones gestionados por la Generalitat para investigación pueden impulsar la eficiencia, pero el descenso en los datos de ejecución muestra que el sistema innovador requiere una reestructuración desde hace tiempo.
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