La Comisión Europea ha reconocido que para modernizar y expandir sus infraestructuras de distribución y transmisión eléctrica, que tienen más de 40 años de antigüedad y aún no están adaptadas para nuevas tecnologías, se requiere una inversión crítica. Según estimaciones de la institución, se requerirá una inversión de 584.000 millones de euros hasta 2030.
Este llamado a la inversión se basa en las exigencias de entidades internacionales como la Agencia Internacional de la Energía, que insta a aumentar la inversión para evitar una interrupción en la transmisión de energía limpia, y el Banco Europeo de Inversiones, que aporta una gran parte de su presupuesto para financiar estas inversiones.
En esta línea, Euroelectric, la asociación de la industria eléctrica europea, sostiene que los fondos destinados a las redes de distribución en Europa deberían incrementarse desde un promedio de 33.000 millones de euros a 67.000 millones de euros por año entre 2025 y 2050. Este esfuerzo, que representa el 0,4% del PIB europeo, fue discutido en un consejo de Energía en Budapest en julio. El Ministro húngaro de Energía enfatizó que sin esta cifra de inversión, la UE no podrá lograr los objetivos de descarbonización establecidos para mediados de este siglo.
En conclusión, la Comisión Europea considera que es necesario realizar una inversión de 584.000 millones de euros para mejorar las infraestructuras eléctricas.
A pesar de la presencia de numerosos proyectos de energía renovable en espera de conexión a la red y la gran cantidad de energía renovable desperdiciada (denominada «curtailment» en inglés) debido al congestionamiento de la red, España sigue imponiendo regulaciones y restricciones en estas inversiones. El Ministerio de Transición Ecológica y Desafío Demográfico recientemente propuso una consulta pública para modificar un marco regulatorio que, al limitar las inversiones en redes de distribución al 0,13% del PIB y las de transporte al 0,065%, se encuentra desconectado de la realidad y la política energética y ambiental europea. Desde hace tiempo, los expertos han señalado la obsolescencia de la correlación histórica entre la demanda de electricidad y el crecimiento económico, debido a la digitalización y los avances tecnológicos.
Varias industrias han utilizado la consulta para instar al gobierno a desregular el desarrollo de infraestructuras que están obstaculizando no solo la descarbonización, sino también la modernización y la competitividad del sector industrial. La infraestructura existente fue diseñada y construida en un contexto industrial y tecnológico muy diferente al actual, y su obsolescencia representa un riesgo para la fiabilidad del suministro eléctrico y es un obstáculo para la integración adecuada de las energías renovables, un componente clave para combatir el cambio climático. La Asociación para la Transición Energética (ATE) se ha sumado a las voces que demandan una nueva legislación que permita abordar el aumento de la demanda de electricidad y la creciente generación de energía renovable.
Euroelectric calcula que las inversiones en redes de distribución en Europa deben incrementarse de 33.000 millones a 67.000 millones de euros anuales para el período de 2025 a 2050.
El grupo de expertos sostiene que las normativas actuales, que dificultan la expansión de las redes, se han transformado en un obstáculo que limita el progreso del consumo eléctrico debido a la negación de autorizaciones de conexión y el estancamiento de proyectos de servicios e industriales. En su sugerencia, presentada durante la etapa de consultas llevada a cabo por el ministerio, la organización señala que el país enfrentará un inconveniente de competitividad si no se revisa una legislación que solo permite a las compañías invertir alrededor de 1.700 millones anualmente en redes de transporte y aproximadamente 800 millones en las de distribución.
De acuerdo con sus estimaciones, sería esencial incrementar por cinco este límite para cubrir el crecimiento de las energías renovables. Específicamente, estiman que para alcanzar las metas de descarbonización es preciso garantizar una inversión acumulativa en redes de 55.920 millones de euros hasta 2030, de los cuales la mitad debería asignarse a las redes de distribución. Su solución es sencilla: abrir las inversiones o implementar un sistema flexible y adaptable anualmente, basado en la demanda y bajo criterios de eficiencia y concordancia con la política energética. La ATE también propone renovar el modelo de financiamiento para dotarlo de mayor flexibilidad y dinamismo.
Es imperativo la liberalización de las inversiones para modernizar y automatizar la infraestructura eléctrica.
La ATE propone el uso de los recursos financieros europeos existentes para establecer un Fondo Nacional que financie las Redes Eléctricas. Este sería administrado por el IDAE y financiado con préstamos del Plan de Recuperación y asociaciones público-privadas. Este fondo podría cubrir las nuevas necesidades de inversión en redes hasta que los ingresos de los peajes generados por la creciente demanda puedan pagar estos gastos, facilitando la inversión en proyectos de largo plazo y mejorando la seguridad del suministro. Es imprescindible liberalizar las inversiones para modernizar y automatizar la infraestructura eléctrica que no está a la altura del auge renovable de un país que ya genera más de la mitad de su energía a partir de fuentes renovables.
Además, a pesar de tener una posición privilegiada debido al clima, España también lleva la delantera en proyectos de energía limpia en etapas avanzadas esperando conectarse a la red, con una estimación de 130 gigavatios, lo que triplicaría la capacidad actual. Este desequilibrio entre la demanda para ampliar la capacidad de energía renovable y la infraestructura eléctrica se agrava al comprobar que la inversión planeada en redes es mucho menor a lo que varias instituciones recomiendan.
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