El año ha sido agitado para la élite económica catalana, marcado por un activo papel en el teatro político y económico tanto de Barcelona como de Madrid. Sin embargo, el año concluye con un sabor agridulce, después de un abrupto adiós del Govern de la Generalitat, en un roce casi póstumo considerando que es un gobierno en funciones.
El último acto de Pere Aragonés, la expansión de la zona con protección especial para las aves del delta del Llobregat, fue visto como un obstáculo imprevisto para la ya estancada ampliación de El Prat por la confederación empresarial catalana.
Esto fue condenado por el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, que tildó la acción de «desleal, fraudulenta y engañosa».
Es un golpe a la tenaz diplomacia empresarial que ha intentado atraer a los republicanos a su postura sobre El Prat y las reducciones de impuestos durante los últimos tres años, aunque especialmente en el último, con magros resultados. Pero este es solo uno de los numerosos roles políticos que han ocupado los notables de Barcelona. Han tenido una participación importante en las negociaciones entre los republicanos y los socialistas de Salvador Illa, candidato a presidir la Generalitat.
Han realizado reuniones discretas con las cúpulas de los tres principales partidos políticos, ERC, PSC y Junts, este último liderado por Carles Puigdemont, con quien han mantenido un constante contacto telefónico. La estabilidad es el lema empresarial para prevenir a toda costa una repetición de las elecciones, un punto en el que coinciden tanto con los socialistas como con Oriol Junqueras, quien aspira a retomar la presidencia del partido republicano.
El entusiasmo por los progresos hacia el acuerdo comenzó a desvanecerse en las oficinas corporativas cuando Puigdemont empezó a dar señales claras de su intención de cruzar la frontera para estar presente en el debate de investidura, incluso antes de lo previsto, lo cual, por supuesto, complicaría la situación. A raíz de sus declaraciones recientes, ya no hay incertidumbre acerca de su regreso.
El escenario político español del último año, después de las elecciones generales del 23 de julio, trajo consigo grandes giros inesperados. Entre ellos, se destacó la nueva oportunidad que tuvo Pedro Sánchez de reformar el gobierno de coalición del PSOE con Sumar, apoyándose en una diversa mayoría parlamentaria que incluía desde fuerzas nacionalistas de Catalunya y el País Vasco hasta la izquierda de su partido.
El desconcierto prevalecía en Madrid y el sector económico en la capital albergaba la esperanza de que Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, pudiera convertirse en presidente con los votos del PP de Santiago Abascal. Entre tanto, los líderes catalanes ya estaban comenzando a sentar las bases para la creación de una alianza alternativa. El presidente de Foment, tan previsor, ha estado sentando las bases hace un tiempo para poder intervenir en función de las situaciones y las dinámicas de poder, con el objetivo de aumentar su margen de acción. En septiembre de 2020, visitó a los convictos por el proceso independentista en prisión. En enero de 2022, se reunió en privado con Puigdemont en su escondite belga. Y tras el recuento de votos en julio, se puso manos a la obra para obtener el apoyo de Puigdemont para el socialista.
La burguesía catalana, compuesta por un núcleo activo de prominentes financieros y empresarios que colaboran en las decisiones, planeaba que Junts se convirtiera en la nueva Convergència, un ente activo en Madrid. También exploraban la posibilidad de que Junts pudiera formar un Govern con el PSC en Catalunya.
Consideraban que era más seguro contar con un gobierno objetivo, incluso si era liderado por Sánchez, en lugar de repetir las elecciones. Este pensamiento también fue motivado por los resultados electorales, que mostraron un predominio de socialistas e independentistas en Catalunya. Temían una convulsión social en España si se formaba un gobierno de coalición entre la derecha y la ultraderecha. Adicionalmente, veían la oportunidad de recuperar influencia en la política española, tras una larga década de aislamiento político, llegando a acuerdos con Junts y el PNV, siempre más centrado. Esto proporcionaría un equilibrio de poder que beneficiaría a sus intereses y aliviaría a los socialistas en el Gobierno.
El regreso del pujolismo, esta vez bajo la forma de Junts, fue su principal propósito.
Comprendieron la necesidad de adaptarse a las circunstancias, como Sánchez demostró al apoyar la amnistía que previamente había rechazado, un ejemplo más de cómo sus tácticas suelen estar guiadas por lo que es convenientemente apropiado.
Inicialmente, la elección preferida por los salones de poder económico en los dos flancos de la Plaza Sant Jaume era un acuerdo entre el PSC y Junts, que representa la versión posprocesual de Sociovergencia. Se intentó establecer este pacto en el ayuntamiento de Barcelona, iniciando un trato entre Xavier Trias Jaume Collboni, en ese orden, que no prosperó principalmente debido a la negativa de los socialistas y que culminó con el apoyo no solicitado de los consejeros del PP. Hubo un breve periodo de tensión entre la burguesía y los socialistas catalanes, pero la armonía se restauró rápidamente.
Los empresarios nunca han dejado de cultivar sus vínculos con la política, orientando suavemente a Junts hacia un perfil neoconvergente, uniéndolo con las prácticas parlamentarias del PNV y susurrándole propuestas de su interés. Este enfoque ha funcionado bastante bien, aunque sin entusiasmo. Han logrado avanzar en varios frentes, aunque también han habido varios retrocesos.
Los legisladores de Junts han sido extremadamente valiosos en varias votaciones parlamentarias. Dos resaltan en particular. La primera es el rechazo a la inclusión de los sindicatos en los consejos de administración de las empresas, una propuesta hecha por Sumar que, gracias a la oposición del bloque conservador formado por PP, Vox y Junts-PNV, no avanzó más allá de la comisión relevante.
En los últimos días, se ha observado un desarrollo similar con la reducción de las horas de trabajo, un segundo hito importante. La administración se ha percatado de su impacto y ha decidido evitar presentar el asunto al Congreso. Sin un acuerdo con los empleadores, es evidente que la propuesta no contaría con los votos de los diputados nacionalistas de Cataluña y el País Vasco; por ende, no sería aprobada. Yolanda Díaz, la vicepresidenta y ministra de Trabajo, ha proporcionado espacio a las conversaciones, evitando los plazos límite. El tema continúa en pie y se pospone hasta después del verano, lo que causa un alivio considerable en CEOE y Foment.
Por otro lado, estos avances en la política y en el parlamento han resultando en que los empresarios de la capital ya no discutan sobre la amnistía, una propuesta promovida por sus colegas catalanes desde el día uno, y disfruten ahora de la posibilidad de utilizar esa herramienta de intervención política. La burguesía catalana, que es todo menos radical, ha encontrado una forma de expresar nuevamente, de manera modesta, sus propias opiniones en la capital, algo que no ocurría al menos desde hace un par de lustros.
Junts ha dejado en el olvido algunas propuestas que causaron gran preocupación entre los empresarios, la más notable siendo la que implicaba sanciones a las empresas que movieron su sede social fuera de Catalunya durante la crisis del referéndum el 1 de octubre de 2017, un suceso que causó tensiones y puso en riesgo las relaciones. Sin embargo, la conexión entre los empresarios y Junts sigue en funcionamiento, siendo más vigente luego del intento de adquisición hostil de BBVA sobre Sabadell. Los líderes empresariales han estado introduciendo el mundo de los negocios a los independentistas y ellos han mostrado una creciente sensibilidad hacia las preocupaciones de estos. Aunque los soberanistas no estuvieron presentes en las últimas jornadas del Cercle d’Economia, Puigdemont siempre ha estado activo.
Después de las elecciones catalanas en mayo, el objetivo fue el mismo: un acuerdo entre el PSC y Junts, a pesar de que era casi imposible. Se planteó sin tanto ímpetu y no causó mucha tensión. Los socialistas no estaban dispuestos a formar una alianza con los nuevos convergentes y Puigdemont no renunciaría a su puesto en la Generalitat. A nadie se le ha sugerido a Illa que renuncie a la Generalitat para evitar sorpresas a Sánchez en Madrid, a diferencia de lo que pasó en Barcelona.
La estabilidad parecía asegurada para el mundo empresarial con el pacto PSC-ERC, hasta que Puigdemont volvió a la escena.
Definitivamente, el retorno de Puigdemont representa un nuevo desafío. La anhelada estabilidad parece esfumarse. Existe el miedo de que genere un efecto dominó, provocando un repunte en la tensión política en Catalunya, lo cual podría interferir con el acuerdo y terminar con un desenlace de nuevas elecciones en España. No cabe duda de que, al igual que los políticos, se esforzarán por evitarlo, aunque el resultado no esté garantizado. Persistirán en su intento por fortalecer un partido que puedan representar adecuadamente.
