La administración gubernamental está avanzando en su colaboración con el sector privado de construcción con la finalidad de impulsar la cooperación entre ambos sectores para la creación de unas 43.000 residencias nuevas para alquiler social, con costes por debajo del precio estándar del mercado.
En este esfuerzo, los Ministerios de Economía y Vivienda han sustentado hoy un convenio que permitirá facilitar hasta 6.000 millones en créditos y garantías del ICO destinados tanto a promotores públicos como privados.
De estos fondos, los primeros 4.000 millones serán préstamos del Anexo del Plan de Recuperación y por ende, cuentan con mejores condiciones que las del mercado, a las que los promotores pueden aplicar.
El ICO les canalizará, y además, se sumarán otros 2.000 millones provenientes de los Presupuestos Generales, que servirán de aval y cubrirán parcialmente las operaciones.
Las 43,000 residencias previstas tambien se diseñarán con fines de alquiler social y asequible por un plazo mínimo de 5 decadas. Actualmente, España tiene un índice de vivienda social inferior al 3% de su total, mientras que la media en Europa es del 9%. El gobierno espera reducir ese desfase en los años venideros.
La Moncloa ha destacado la importancia de este acuerdo de cooperación para impulsar los alquileres asequibles. El Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, fue el responsable de detallar las medidas y recordó el compromiso que hizo durante su discurso de investidura de habilitar 180,000 viviendas durante su mandato.
El líder del gobierno, Sánchez, ha resaltado su firme creencia en la asociación entre el sector público y privado, específicamente con respecto al sector de la construcción y promoción, con quienes ha tenido reuniones en Moncloa. Expresó que esto facilitará a los desarrolladores acceder a adecuados recursos financieros. Describió a los constructores nacionales como «experimentados y dinámicos».
Sánchez reconoció que la adquisición de una propiedad o el alquiler es una lucha importante para los jóvenes y las familias, señalando que esta situación resulta en que España tenga una de las edades de emancipación más altas de Europa. Resaltó que el pago de una renta o hipoteca consume la mitad del ingreso en uno de cada tres hogares, lo que resulta en que cientos de miles de personas sean excluidas del derecho a la vivienda previsto en el artículo 47 de la Constitución.
Las 43,000 viviendas que se planifican construir están destinadas al alquiler social y asequible por un mínimo de 50 años. Sánchez, defendiendo su actuación en este asunto, instó a las demás administraciones a avanzar en esta colaboración en cuanto a la vivienda.
