La Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) ha emitido fuertes críticas contra el posible preacuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña deje el régimen fiscal común y recaude el total de sus impuestos, tal como lo sugieren los republicanos.
El grupo lo considera un acto de desproporción y vergüenza, advirtiendo que esto llevaría a la desintegración completa del sistema.
La Asociación se expresó en la red social ‘X’ sobre el preacuerdo mencionado por ERC en relación a la investidura de Salvador Illa, que podría implicar un acuerdo económico en Cataluña similar al del País Vasco y Navarra.
Sin conocer aún los detalles y la postura de los socialistas, los inspectores de Hacienda han manifestado su fuerte oposición tras alertar recientemente sobre las implicaciones de permitir a Cataluña recolectar el total de sus impuestos y la posible partición de la Agencia Tributaria.
Impactaría la lucha contra el fraude fiscal
La Asociación de Inspectores de Hacienda ha esbozado diversos conflictos que conllevaría dicha propuesta: impactaría la lucha contra el fraude fiscal, la represión del narcotráfico y podría amenazar la ‘caja única’ de las pensiones y la administración de las retenciones, entre otros aspectos.
Desde que se divulgó la demanda independentista de una «soberanía fiscal» para Cataluña como la que existe en el País Vasco y Navarra, los inspectores de Hacienda han realizado varias declaraciones, informes y han establecido pautas básicas en rechazo a este plan propuesto por el Gobierno catalán.
La Asociación de Inspectores de Hacienda ha emitido un documento hace unas semanas donde cuestionan la «ilegalidad» de la cuota catalana, argumentando que conduciría a la formación de una Agencia Tributaria en Cataluña, lo que podría resultar en un incremento en la evasión fiscal.
La creación de una agencia tributaria separada en Cataluña ha sido criticada por los inspectores de hacienda, quienes sostienen que esta decisión contraviene los principios tributarios, incluyendo la universalidad, la capacidad económica, la igualdad, la justicia y la eficiencia fiscal.
Los inspectores de Hacienda enfatizan en su manifiesto las implicancias negativas de la división de la Agencia Tributaria en el manejo y recolección de impuestos, en la lucha contra la evasión fiscal y en el rol de distribución de ciertos beneficios sociales.
Los inspectores además mencionan que la Agencia Tributaria tiene responsabilidades más allá del ámbito fiscal, por ejemplo, la administración de beneficios no tributarios, como las deducciones del impuesto sobre la renta, ayudas para madres trabajadoras, beneficios para familias numerosas, descuentos en el precio del diesel y la gestión de la renta mínima.
“La tarea de establecer una administración fiscal fragmentada implica cruzar ciertos límites rojos que desafían la eficiencia en la administración del sistema fiscal y puede dar lugar a inequidades debido a una gestión ineficaz”, advierten.
De esta forma, el sistema de información fiscal se vería comprometido, pues debe ser uniforme en todo el territorio para garantizar su implementación, ya que la estrategia contra el fraude fiscal se basa en tener un sistema de información fiscal lo más integrado posible.
Además, los inspectores fiscales afirman que la necesidad de un sistema unificado de tesorería también se vería perjudicada. La administración y supervisión de las retenciones y pagos fraccionados debería ser responsabilidad de la Agencia Fiscal, independientemente del porcentaje de recaudación que se transfiera a cada región.
Esto conllevaría un alto riesgo en la gestión de las retenciones, que debe ser realizada de manera integral por la Agencia Fiscal, así como en el sistema de control de las actividades económicas, el cual debe ser de naturaleza integrada.
Cambios en aduanas
En la misma línea, los inspectores fiscales advierten sobre los problemas en los planes de control aduanero y de contrabando, recordando que la Agencia Fiscal ha estado prestando especial atención a la lucha contra el narcotráfico y al monitoreo del contrabando de tabaco en general. Los resultados más significativos de estos planes serían difíciles de lograr en una administración fiscal independiente en Cataluña.
Esto también impactaría en la lucha contra las redes del IVA, según un reciente informe de los Inspectores Fiscales. Los logros obtenidos en los últimos años son el resultado de extensas investigaciones, en las que participan diferentes equipos de inspección de todo el territorio, coordinados por la Oficina Nacional de Investigación de Fraudes. Estos planes no se podrían implementar en Cataluña si se divide la Agencia Fiscal, advierten.
Mayor fraude fiscal.
El combate contra el fraude organizado podría verse obstaculizado, ya que los fraudes fiscales más elaborados y complicados a menudo abarcan diversos territorios, y frecuentemente hacen uso de compañías establecidas en varias Comunidades Autónomas. La fragmentación de la información disponible hace prácticamente imposible una respuesta oportuna a los fraudes más graves.
Además, los inspectores fiscales han identificado en su reporte otros inconvenientes relacionados con el denominado ‘cupo catalán’, vinculados a la potencial deslocalización de empresas si se lleva a cabo una gestión fraccionada de los impuestos sobre el consumo. Cualquier alteración en la gestión de estos impuestos, incluyendo las intervenciones de inspección, podría representar un impedimento para la libre circulación de bienes y podría incentivar situaciones de deslocalización corporativa.
Respecto a ciertos tributos, se señalan «numerosas dificultades» si se cede la inspección de las cargas fiscales, particularmente en el caso de los contribuyentes de tamaño medio o grande que realizan operaciones a nivel nacional, e incluso internacional. Este problema se intensifica cuando se trata del control de las corporaciones multinacionales, dado que el análisis de la información y las acciones de control deben ser de carácter nacional.
