La aprobación de una mayoría cualificada de residentes será necesaria para que cualquier propiedad pueda ser utilizada como alquiler vacacional en una comunidad de propietarios. Con esto en mente, el grupo parlamentario socialista planea presentar una enmienda esta semana al proyecto de ley orgánica de acciones para la eficiencia del servicio público de justicia y acciones colectivas para proteger y defender los derechos e intereses de los consumidores y usuarios.
Dicha medida pretende modificar la ley de Propiedad Horizontal y frenar la proliferación no regulada de estos alojamientos, los cuales, según el gobierno, están dificultando la disponibilidad de alquiler convencional.
La Ley de Propiedad Horizontal actualmente permite a los propietarios optar por el alquiler turístico de sus viviendas.
Sin embargo, si tal actividad genera molestias a los residentes, las comunidades de propietarios tienen la capacidad de restringirla o condicionarla, siempre y cuando tengan el apoyo de tres quintos de los propietarios totales.
La enmienda tiene como finalidad ampliar este beneficio para que las comunidades tengan derecho a vetar cuando un residente decida convertir su vivienda en un alojamiento de alquiler turístico. El propietario tendría que manifestar su intención en la reunión de vecinos y durante la misma junta se tendría que decidir si se aprueba o no la actividad. Si se rechaza por una mayoría de tres quintos, la propiedad no podrá ser arrendada para uso turístico. Esta aprobación también se extenderá a propiedades que ya se están alquilando a visitantes y, en consecuencia, ya se encuentran en circulación, pero todavía no están registradas.
El gobierno central está abogando por un cambio en la Ley de Propiedad Horizontal, que requiere votos para avanzar en el Parlamento, denominándolo como un «ajuste quirúrgico». Subraya la importancia de reconocer las viviendas turísticas como un negocio adicional, y por eso, deben estar sujetos a los mismos criterios fiscales que otras empresas, incluida la imposición del IVA.
Este cambio de ley también afectará a las propiedades ofertadas a los visitantes que no están registradas. La ministra Isabel Rodríguez ha instado a todas las entidades gubernamentales a garantizar el derecho al acceso de la vivienda. En varias instancias ha enfatizado que el crecimiento descontrolado de las propiedades de alquiler turístico está disminuyendo los alquileres tradicionales y alejando a los residentes y trabajadores de las zonas urbanas. Rodríguez ha defendido incluso la prohibición de las viviendas turísticas «si interfieren con el derecho a la vivienda». Rodríguez pidió que si estos alquileres «chocan con el desarrollo económico, debemos iniciar el proceso de prohibición, regulación y matización», citando el caso de Barcelona a partir de 2028.
La ministra también solicitó a Airbnb, con quien se reunió recientemente, que cooperara con el gobierno central y las diversas entidades gubernamentales en la aplicación de la regulación europea para promover la transparencia y ayudar a combatir el fraude.
Por otro lado, Airbnb, la plataforma de alquiler de propiedades y habitaciones particulares, argumentó que la actividad de sus usuarios y el gasto de estos en los destinos están propulsando la economía española y contribuyendo al mantenimiento de 130,000 empleos. La empresa reafirmó que el impacto económico directo, indirecto y derivado de sus viajes en 2023 alcanzó los 8,500 millones, generando ingresos de 3,600 millones para los fondos públicos.
La empresa afirmó, en un comunicado, que compartir la propia vivienda, la casa de verano, la casa familiar en el pueblo o un inmueble de alquiler de corta duración tiene un efecto económico positivo en las comunidades locales en España, resaltando el impacto de su negocio en la industria hostelera. Airbnb además mencionó que muchos de sus propiedades están situados en zonas sin opciones de alojamiento tradicional, proporcionando beneficios económicos directamente a los habitantes de dichas áreas.
En relación a esto, el consistorio de Barcelona realizó una encuesta semestral municipal en la que consultaron a los ciudadanos acerca de la eliminación de los alojamientos turísticos para el año 2028. Las respuestas demostraron que un 74.9% de los participantes aprueban la eliminación de estos tipos de alojamiento, mientras que un 83.1% de los encuestados afirmó estar al tanto de los planes del gobierno de Jaume Collboni.
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