Se anticipa un crecimiento moderado en el sector de la construcción para este año y el próximo, siendo la obra civil la principal fuerza impulsora. No obstante, se espera que estas proyecciones de negocio queden por debajo del crecimiento de la economía de Cataluña.
La Cambra de Contratistes d’Obres de Catalunya (CCOC) ha advertido que la insuficiencia de inversiones públicas podría eventualmente desembocar en el colapso de las principales infraestructuras de la comunidad autónoma.
Lluís Moreno, presidente de la organización, ha declarado que la inversión actual «no cumple con las necesidades de demanda», censurando a las figuras políticas que favorecen la desaceleración, como en el caso de la fallida expansión del Aeropuerto del Prat.
El ejecutivo señaló que los efectos de esta demora en el proyecto no serán evidentes de inmediato, sino que se manifestarán en ocho o diez años.
Según Moreno, no invertir puede conducir a problemas significativos. Ejemplificó con Rodalies, donde el 80% de los trenes son puntuales, una tasa satisfactoria, y solo un 20% no lo son. Sin embargo, cuando los trenes se retrasan, se debe a una incidencia grave. El líder de los contratistas advirtió que, si no se incrementa sustancialmente la inversión, «los próximos Rodalies serán el Aeropuerto de Barcelona, la AP-7 o el suministro de agua».
Moreno, al advertir sobre la necesidad de aumentar la inversión significativamente, declaró que «los siguientes Rodalies serán la AP-7, el Aeropuerto de Barcelona o el abastecimiento de agua», y reiteró que el nivel actual de inversión «no satisface la demanda». Criticó a quienes proponen como solución «ralentizar el progreso del país». «Los próximos Rodalies serán el Aeropuerto de Barcelona, la AP-7 o el suministro de agua», concluyó Moreno.
En 2023, el valor de las ofertas para proyectos de construcción se redujo a 3.317,9 millones de euros, un 16% menos que en 2022, marcándolo como el tercer año con mayor licitación desde 2009. Los contratistas solicitan que esta cifra se posicione alrededor del 2,2% del PIB, que representa aproximadamente 6.400 millones anuales.
Los contratistas están convencidos de que, en 2023, el volumen de ofertas estuvo por debajo de las demandas de la economía catalana. Así lo manifestaron la semana anterior en conjunto con la organización empresarial Foment del Treball, alertando de que el déficit de inversión en infraestructura en Cataluña por parte de todas las entidades gubernamentales ha alcanzado 42.500 millones desde 2009.
