El Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) ha encontrado que la ley española podría estar infringiendo el artículo 24 de la Carta Social Europea, que sostiene el derecho de protección óptima para los empleados en instancias de despidos injustificados. Según la evaluación del organismo europeo, en respuesta a un reclamo interpuesto por UGT, el resarcimiento otorgado a nivel nacional no cubre adecuadamente el perjuicio afrontado por los trabajadores destituidos y tampoco funciona como medida preventiva para los patrones.
Esta determinación ha desencadenado un discusión dentro del gobierno de coalición, con el Ministerio de Trabajo proponiendo la revisión de la reforma laboral del 2021, mientras el Ministerio de Justicia considera que España ya está en conformidad con la carta europea.
La sentencia del CEDS sugiere una revisión de las compensaciones por despido, actualmente establecidas en 33 días de salario por cada año de servicio con un límite de 24 salarios mensuales. Según el Comité, el sistema vigente no considera aspectos como la influencia del despido en la trayectoria profesional del empleado ni sus situaciones personales. Además, carece de un «efecto preventivo» para el empleador. Los hallazgos de la revisión del CEDS se darán a conocer el próximo lunes.
El sindicato UGT ha destacado recientemente que la actual resolución demuestra que España está infringiendo la Carta Social Europea. Fernando Luján, el vicesecretario general de política sindical de UGT, ha señalado que ven la sentencia como vinculante, ya que es parte de un tratado internacional que España ha adoptado. Según Luján, será responsabilidad del legislativo y el ejecutivo tomar una decisión al respecto. Entre tanto, Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda, indicó que se tiene previsto discutir la reforma con sindicatos y empresas tras el verano.
La posición del gobierno respecto a la resolución del CEDS varía. El Ministerio de Trabajo ha expresado su disposición a aumentar la compensación por despido injustificado y ha mencionado la posibilidad de considerar la modalidad de “despido reparativo o restaurativo”, que toma en cuenta la situación personal de quien es despedido al calcular la indemnización. Sin embargo, el Ministerio de Justicia, una entidad con orientación socialista, no concuerda con la postura del Ministerio de Trabajo. Según declaraciones del Ministerio de Justicia, el actual marco legal español está alineado con el artículo 24 de la Carta Social Europea y proporciona una reparación suficiente a los trabajadores que son despedidos sin una razón válida. Esta entidad se mostró contraria a modificar la indemnización por despido injustificado, afirmando que no se espera que cambie la normativa al respecto.
UGT ha hecho un llamado constante denunciando que España está violando la Carta Social Europea.
El líder sindical de UGT, Pepe Álvarez, ha afirmado que España lleva tiempo incumpliendo la Carta Social Europea, y que no ve posibles cambios próximos en la ley para cambiar las compensaciones por despidos injustificados. Aun así, Álvarez advierte que si el Gobierno no ajusta la resolución a la normativa nacional, los jueces determinarán las condiciones del despido. Ello significa que las sentencias sobre los despidos se emitirán en base a las circunstancias personales del despedido, sin un protocolo uniforme. «Dos tribunales superiores ya han adoptado la decisión del CEDS», ha destacado.
UGT sostiene que la decisión del CEDS es «histórica» y exige al Gobierno a tomar medidas legales. Proponen que los empleadores que desean despedir a un empleado sin motivos razonables tengan incertidumbre sobre el costo de tal despido. Además, sugieren que la compensación cubra los daños sufridos por la víctima, que se promuevan los salarios de tramitación (pago entre el despido y la resolución del caso) y que se fijen legalmente los aspectos personales que los tribunales deben considerar. Estos incluyen si la persona despedida tiene dependientes, vive de un alquiler, se acerca a la jubilación, o es víctima de violencia de género, entre otros.
«Continuaremos luchando de sentencia en sentencia, de tribunal laboral en tribunal laboral», declaró Álvarez. UGT ha exigido al Gobierno que sea «consistente en la implementación de sus políticas». «La gran mayoría de las personas despedidas injustamente son mujeres; por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que cambiar la compensación contribuiría a la igualdad», concluyó Álvarez.