El Ejecutivo planea terminar con las ‘Golden Visa’, permisos temporales de residencia otorgados a extranjeros en España desde 2013 en reconocimiento a inversiones notables. Originalmente, se tenía la intención de eliminar solo los visados ligados a inversiones en propiedad inmobiliaria, que constituyen la mayoría.
Ahora, el Gobierno extiende este propósito a todas las demás categorías. Sin embargo, necesitan el respaldo de sus aliados de la investidura.
El grupo parlamentario socialista presentará hoy una enmienda en la ley de servicios públicos de justicia, actualmente en proceso parlamentario, para modificar la ley de apoyo a los emprendedores y su internacionalización.
Esta segunda ley, aprobada durante el mandato de Mariano Rajoy en 2013, establece las condiciones para recibir la ‘Golden Visa’. Durante una crisis económica, Luis de Guindos, antiguo Ministro de Economía buscaba atraer inversión internacional.
Una década después, el escenario ha cambiado y el Gobierno ha observado que las ‘Golden Visa’ tienen un impacto negativo en el mercado inmobiliario. Hasta que se conozcan los datos de 2024, desde 2013 hasta 2023, España ha concedido 15.450 visados a extranjeros en reconocimiento a sus grandes inversiones. De estos, el 94.3% se otorgaron para inversiones inmobiliarias, permitiendo a extranjeros adquirir 14.576 ‘Golden Visa’ mediante inversión en propiedades.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España informó que en el lapso de once años posterior a su implementación, se otorgaron 2.700 visados de residencia a inversores chinos que compraron propiedades valoradas en más de medio millón de euros. De igual manera, 1.100 rusos obtuvieron el mismo estatus. Les siguen los de Irán, con 200 visas aprobadas; de Estados Unidos, con 170; y de Reino Unido, con 165.
Posterior a la pandemia y a la invasión de Ucrania por Rusia, el gobierno experimentó un aumento en las solicitudes de la llamada ‘Golden Visa’. De las 14.576 visas otorgadas en total durante estos once años, 5.300 fueron concedidas en 2022 y 2023. Durante los primeros dos meses de 2024 se autorizaron 426 visados, manteniendo así la misma tendencia.
El Ministerio de Vivienda también ha proporcionado datos sobre la nacionalidad de quienes han obtenido una ‘Golden Visa’ durante estos once años, a quienes no se les ha pedido establecer su residencia fiscal en España. En primer lugar, hay un gran número de inversores procedentes de China, 3.324 en total, que representan el 22,8% del total. Le sigue Rusia con 3.174 beneficiarios, representando el 21,78% del total. En los dos años más recientes, ha habido un incremento en las visas de oro otorgadas a rusos, ya que en 2022 el gobierno anunció en una respuesta parlamentaria que solo se habían concedido 969 permisos. Esto significa que casi 2.200 visas se han concedido desde el inicio de la guerra en Ucrania y la implementación de medidas contra el régimen de Putin.
Los beneficiarios de las ‘Visas Doradas’ inmobiliarias se distribuyen en diferentes niveles y nacionalidades. Los ciudadanos del Reino Unido, suman 1.097 concesiones, seguidos por los de Estados Unidos con 794 autorizaciones y Ucrania con 594. Otros países con un número significativo, pero menor, de concesiones incluyen Irán con 430, Venezuela con 373 y México con 368.
Barcelona, Madrid, Málaga, Baleares, Alicante y Valencia son las ciudades preferidas por los beneficiarios de estas visas. De hecho, el 33% de las inversiones se realizó en Barcelona, 19% en Madrid, 18% en Málaga, 10% en Alicante, 5% en Baleares y 4% en Valencia. Estas ubicaciones representan la gran mayoría de las inversiones realizadas con esta visa.
La enmienda del PSOE, realizada en colaboración con el gobierno, contempla la abolición de los visados de residencia en otros esquemas, en los que las concesiones han sido inferiores. Sin embargo, el segundo grupo de inversores más grande ha depositado un millón de euros en bancos españoles, sumando un total de 371 beneficiarios. Siguen a este grupo los que invirtieron en fondos de inversión, con 214 beneficiarios, y aquellos que compraron acciones de empresas españolas, con 167. El grupo más pequeño, de 114 inversores, optó por proyectos de interés general. Un número mínimo de extranjeros, ocho en total, ha invertido dos millones de euros en la deuda pública española.
