El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, amenaza al Gobierno de Sánchez por los salarios con una convocatoria de movilizaciones inminente.
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UGT amenaza al Gobierno: “Habrá consecuencias si no suben los salarios”. Sin la subida del salario mínimo interprofesional los sindicatos advierten a los empresarios. Aumentará la conflictividad laboral si no cambian su postura con respecto a los aumentos de sueldo.
UGT amenaza al Gobierno: “Habrá consecuencias si no suben los salarios”
El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha anunciado la convocatoria de movilizaciones «de manera inminente». Todo ello antes de que acabe el mes de septiembre, si la CEOE no cambia de postura ante la negociación de los convenios colectivos.
Actualmente está en una «situación de atasco». «Si la CEOE no cambia nos va a llevar a un proceso de movilizaciones como está ocurriendo en otros países europeos». Algunas de esas movilizaciones estarán en los ámbitos territoriales y otras a nivel estatal, depende de los sectores. Por su parte, sindicato y CCOO ya llevan tiempo trabajando en ellas y trabajarán en ello antes de que acabe septiembre.
Los salarios y la amenaza al Gobierno de Sánchez
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya dijo en el Congreso que mostraba su «apoyo explícito a las movilizaciones sindicales contra la patronal». Lo dijo a la vez que reivindicó elevar el SMI por encima del 60% del salario medio debido a la situación de «máxima incertidumbre» de la economía. Por su parte, Antonio Garamendi, ha dicho que fue a finales de junio, pero ha querido insistir en que ese no es el problema. «La patronal debe ser consciente de que hace falta ese acuerdo en estos momentos».
La solución
La única manera de solucionar esta situación, piensa, es con un pacto de salarios, ya que el pacto de rentas del que tanto se ha hablado «se ha ido construyendo con las medidas que ha ido tomando el Gobierno», aunque hay algunas que se deben retomar. Una de ellas es la creación de un fondo de rescate de las hipotecas, ya que el euríbor está creciendo y es razonable que el estado pueda ayudar con créditos o subvenciones a las familias que no pueden hacer frente al pago de las hipotecas, con el objetivo de que no comience «otra crisis hipotecaria».
