Desde el 18 de enero, los jóvenes de entre 18 a 35 años podrán solicitar el bono joven para el alquiler, una ayuda que el Gobierno incluyó en los PGE.
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Desde el 18 de enero, los jóvenes de entre 18 a 35 años podrán solicitar el bono joven para el alquiler, una ayuda que el Gobierno incluyó en los PGE.
Bono joven de alquiler: ayuda de 250 euros
Los jóvenes de 18 a 35 años que sean ciudadanos españoles, de algún país de la UE, Suiza o de terceros países con residencia legal en España tendrán derecho a recibir una ayuda de 250 euros al mes durante dos años.
El Gobierno estima que un hasta 70.000 jóvenes podrían solicitar esta ayuda.
El pasado mes de octubre, el Gobierno de España anunció una partida de 200 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2022 destinada a apoyar el alquiler de vivienda entre los jóvenes.
Será efectivo desde la próxima semana; concretamente, tras el Consejo de Ministros previsto para el martes 18 de enero.
La ayuda sería además retroactiva al 1 de enero, y la canalizarán los gobiernos autonómicos. Los detalles del formulario y los pasos administrativos se conocerán en detalle tras la inminente entrada en vigor.
Cómo solicitar el bono joven alquiler
A través de las oficinas del departamento de Vivienda de las Comunidad Autónomas, tanto de forma presencial como telemática, se podrán solicitar estas ayudas a partir del 18 de enero, fecha de la aprobación del decreto ley y su posterior publicación en el BOE. Sin embargo, las ayudas tienen carácter retroactivo y se aplican desde el mismo 1 de enero de 2022.
Requisitos para solicitar el bono joven de alquiler
- El solicitante debe tener entre 18 y 35 años, ambos incluidos.
- No puede tener unos ingresos superiores a 24.318 euros al año. Esto, en números mensuales, se pueden dividir en dos en función de las pagas que se reciban: 12 pagas al año: 2.026 euros al mes. 14 pagas al año: 1.737 euros al mes.
- En relación a la cuantía máxima del alquiler, está limitado a viviendas con un precio máximo de 600 euros al mes, aunque algunas comunidades autónomas podrán regular este precio hasta los 900 euros al mes. En todos los casos, siempre deberá ser la vivienda habitual de los solicitantes.
