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El Gobierno aprobará este lunes el Real Decreto-ley que adaptará el impuesto sobre la plusvalía municipal a la sentencia del Tribunal Constitucional. La nueva normativa permitirá a los contribuyentes elegir entre dos métodos de cálculo el que más les beneficie.
El Consejo de Ministros que se celebrará este lunes 8 de noviembre, aprobará el nuevo diseño del impuesto de plusvalía municipal para reformar los aspectos declarados ilegales hace unos días por el Tribunal Constitucional.
Con el nuevo impuesto quedará “garantizado que nadie que haga una venta a pérdidas lo tendrá que pagar”, aseguran desde el ministerio.
Este impuesto de plusvalía grava el beneficio que obtiene una persona cuando vende, dona o hereda una vivienda en relación al valor del inmueble cuando lo compró.
El Tribunal Constitucional consideró que el método utilizado para calcular la cuantía sobre la que se aplica el tributo era ilegal y anuló su aplicación, lo que dejó en suspenso el cobro de una tasa que proporciona más de 2.500 millones de euros anuales a los consistorios.
La Justicia ha acotado que solo podrán exigir su devolución quienes lo hubieran reclamado antes del 26 de octubre, fecha de la sentencia.
La aprobación del nuevo impuesto llegó tras la protesta de los ayuntamientos al Ministerio de Hacienda. Estos insistían en que la eliminación del impuesto de plusvalía iba a suponer un importante agujero en sus cuentas.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, prometió la semana una nueva normativa para suplir la carencia del impuesto previo.
Con el nuevo diseño que se aprobará este lunes, Hacienda dará dos opciones para calcular el impuesto sobre la plusvalía municipal.
Se mantendrá la opción de calcular la tasa usando el valor catastral del suelo en el momento del traspaso, aunque utilizando nuevos coeficientes fijados por el ministerio para evitar caer de nuevo en una posible inconstitucionalidad. Además, el Gobierno también permitirá calcular el tributo sobre la diferencia entre el valor de compra y el de venta.
“Se trata de poner en marcha una solución que permita que el impuesto sea constitucional y que los ayuntamientos lo puedan seguir cobrando. Ese fue el compromiso que se adquirió y lo que se va a hacer”, subrayan desde el ministerio.
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