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La nueva normativa europea de derechos de autor es divide al Gobierno y a FACUA. Para los primeros es algo positivo y para los segundos, un peligro para la libertad de expresión.
Facua-Consumidores en Acción ha criticado la nueva normativa que traspone la directiva europea sobre derechos de autor.
«Es un peligro para la libertad de información y expresión, al abrir la puerta a que las plataformas audiovisuales censuren en vivo y en directo la emisión de contenidos. Podrán hacerlo en el caso de que lo consideren piratas sin garantías judiciales previas», ha explicado.
«En la práctica, su artículo 73 obliga a las plataformas a censurar mediante algoritmos cualquier contenido sujeto a propiedad intelectual subido por los usuarios de la que no tengan autorización para su emisión. Esto es, si no quieren incurrir en responsabilidades, saltándose así cualquier procedimiento judicial previo».
Facua ha criticado que Pedro Sánchez haya introducido en España la nueva normativa. «Hay elementos de censura previa que sólo benefician a las grandes empresas audiovisuales. El contenido quedará retirado de la red de forma preventiva simplemente por la actuación de robots que las plataformas de emisión implementen». Ha explicado que «así, aunque los usuarios cuyas emisiones sean retiradas disponen de un plazo de 10 días para reclamar, la medida cautelar no se suspende. Por ello el contenido permanecerá sin estar accesible hasta que se resuelva el procedimiento».
Facua ha criticado que «la decisión previa de eliminar dicho contenido no la lleve a cabo ningún juez. Serán los algoritmos que deberán implementar las empresas privadas de transmisión para evitar incurrir en responsabilidades».
Por último, considera «lamentable que el Ejecutivo haya decidido realizar la trasposición de dicha Directiva europea mediante la vía del Real Decreto-ley, eliminando así cualquier posibilidad de debate parlamentario y público y sin la debida transparencia». Lo cierto es que esta nueva normativa deberá ser convalidada por el Congreso. El plazo es corto, 30 días. Además, extraña que sólo permiten su aprobación o derogación en bloque. El argumento que han esgrimido tanto gobiernos como instituciones es que traspone diferentes directivas europeas.
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