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Barcelona impone la primera multa a un propietario de un piso por subir el precio del alquiler por encima de lo que marca la ley.
El Ayuntamiento de Barcelona multa por primera vez al propietario de un piso que había fijado un precio de alquiler por encima de lo que marca la ley catalana que regula los precios de alquiler.
Según ha avanzado ‘Tot Barcelona’ la subida del alquiler que quería imponer el propietario se situaba en 1.200 euros al mes, cuando el anterior contrato era de 950 euros.
La normativa actual indica que si en los últimos cinco años ya había un contrato, el importe del nuevo se debe congelar.
Uno de los inquilinos que vive en el inmueble descubrió el pasado mes de enero que el propietario no cumplía con la ley, ya que no les informó de cuál era el precio del contrato anterior, inferior al actual.
«El Ayuntamiento nos dio la razón, pero nosotros seguíamos pagando un alquiler ilegal«, explicó Ramon Casas, uno de los inquilinos. «Les reclamamos que ajustaran el precio del alquiler a la legalidad, diciéndoles que dejaríamos de pagar la diferencia. Pero nunca han querido reunirse y todo lo que nos han ofrecido es que nos marchemos del piso si no nos gusta el precio«, añadió Casas.
El Sindicat de Llogaters ha explicado en un comunicado que «el arrendador había puesto el contrato a su nombre, cuando realmente la propiedad era una persona jurídica».
Los tres compañeros de piso empezaron a vivir en el inmueble en diciembre de 2020, cuando la ley de contención de arrendamientos ya estaba vigente. Meses más tarde comprobaron que el propietario de la vivienda había incrementado el precio del alquiler respecto al anterior contrato, una práctica prohibida por la ley, excepto en casos específicos y justificados.
«Los inquilinos tuvieron que negociar el retorno de los 1.600 euros de honorarios, ya que según el decreto 7/2019 los honorarios los deben pagar los arrendadores cuando la propiedad corresponde a una persona jurídica», ha añadido el Sindicat de Llogaters.
La multa por incumplir la nueva normativa sobre el alquiler, varía desde los 9.000 euros hasta los 90.000. En este caso, el Ayuntamiento de Barcelona ha decidido sancionar con el importe mínimo.
La propiedad ha devuelto el dinero a los inquilinos pero ha recurrido la sanción que le ha interpuesto el Ayuntamiento.
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