Un real decreto ley aprobado este martes en el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes, pone en marcha una deducción fiscal en el impuesto sobre la renta (IRPF) de hasta el 40% del coste, con un máximo de 7.500 euros.
El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aprobó ayer, 5 de octubre, un Real Decreto-Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria. Según indica el propio ministerio, supone la aplicación por parte del Estado de diferentes instrumentos, reformas e inversiones para la consecución de los compromisos de nuestro país para la rehabilitación y mejora del parque de viviendas.
El «Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales«, está dotado con 3.420 millones de euros, de los que 450 millones se destinarán inicialmente para financiar los incentivos fiscales.
Se introducen nuevas deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energética en viviendas y edificios residenciales.
El decreto introduce tres bonificaciones fiscales diferentes vinculadas a la rehabilitación con fines energéticos de viviendas o edificios
La deducción del 20% se conseguirá por actuaciones que reduzcan un 7% la demanda de calefacción y refrigeración en vivienda habitual. Esta medida estará vigente desde su publicación en el BOE hasta finales de 2022. La rebaja del 20% se aplicará sobre las cantidades invertidas en el periodo de aplicación, hasta un máximo de 5.000 euros por vivienda.
Alcanzar una nueva deducción del IRPF en 40%, se debe reducir un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación energética alcanzando las letras «A» o «B» en vivienda habitual. Su periodo de aplicación será desde la entrada en vigor del real decreto hasta el 31 de diciembre de 2022 y la deducción del 30% tendrá un máximo de 7.500 euros por vivienda.
La última deducción del 60% será por actuaciones que reduzcan un 30% el consumo de energía primaria no renovable, o mejoren la calificación alcanzando las letras «A» o «B» en edificios residenciales. Su periodo de aplicación será desde la entrada en vigor del decreto hasta el 31 de diciembre de 2023. Tendrá un máximo de 15.000 euros por vivienda.
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